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Santo Domingo, RD.- El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, pretende concluir esta tarde el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los civiles y militares involucrados en la estructura delictiva que pagaba sobornos para suplir seguridad privada a instituciones públicas.
Se trata del conocimiento de la solicitud de medida de coerción que hace el Ministerio Público contra los exencargos de seguridad del Inaipi, Senasa, las empresas distribuidoras de electricidad. También otros acusados de recibir y pagar sobornos para contratar con el Estado.
Este lunes, el Ministerio Público logró presentar su solicitud y pidió la imposición de prisión preventiva para las 10 personas físicas implicadas y la declaración de complejidad del caso.
Acto seguido, unos tres imputados hicieron uso de su derecho de defensa.
En consecuencia, se prevé que esta tarde los demás imputados puedan ejercer su defensa, la cual, en algunos casos, será de forma positiva, reconociendo los hechos. Esto con el propósito de que colaborar con el Ministerio Público y este, a su vez, varíe la solicitud de prisión preventiva en su contra.
En el presente caso, la directora de la PEPCA, Mirna Ortiz dijo esperar la respuesta del Poder Judicial ante un expediente que presenta ante la justicia tanto a sobornantes como sobornados.
A los encartados en este caso los acusan de conformar una estructura delictiva que exigía sobornos de entre un 5 y un 10 por ciento de los montos que pagaban mensualmente sus instituciones a las empresas que suplían servicios de seguridad privada.
De manera preliminar, los investigadores han identificado que los detenidos habría recibido al manos 108 millones de pesos de la empresa (SENASE), del empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González.
Por Honan González
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