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El 4 de julio de 2025, el presidente Donald Trump promulgó la controvertida ley “One Big Beautiful Bill” (HR1, que llamó «Ley grande y hermosa»), que a partir del 8 de julio encareció la visa y otros trámites de inmigración en EE.UU.
En consecuencia, turistas, estudiantes, trabajadores y solicitantes de asilo se enfrentan a nuevos y elevados costos obligatorios.
Nuevos precios de trámites migratorios (visas, asilo, permisos de trabajo, Green Card, entre otros)
| Trámite | Tarifa anterior | Tarifa nueva |
|---|---|---|
| Visa temporal (B1/B2, etc.) | $185 | $435 |
| ESTA | $21 | $40 |
| Solicitud de asilo | $0 | $1,000 + $100/año |
| Permiso de trabajo para asilados | $410 | $550 |
| Tarjeta Verde | $1,225 | $1,500 |
| TPS / Humanitarios | $0–$200 | $500–$1,000 |
| Registro I-94 | Gratis | $30 por entrada |
| Multas por infracciones | — | Hasta $5,000 |
| Impuesto a remesas fuera del banco | — | 1% del monto |
Nuevo recargo obligatorio en la visa
Entre los cambios más palpables está la Tarifa de Integridad de Visa de $250, que eleva el costo de las visas B1/B2 y otras categorías temporales a $435 sin excepción. Este recargo se suma a los aranceles anteriores y aplica a todos los solicitantes.
La tarifa ESTA para viajeros de países exentos, por su parte, sube de $21 a $40 , un alza efectiva antes del Mundial 2026. Además, solicitar asilo deja de ser gratuito: ahora conlleva un pago inicial de $1,000 y un cargo anual de $100 mientras se tramita la petición.
El nuevo esquema impone $550 por permisos de trabajo a asilados y fija la Green Card en $1,500 . [Fuente: Usuario] Los programas TPS y humanitarios también cobran tarifas de $500–$1,000 , y el registro migratorio I-94 suma $30 por entrada o salida.
Multas y nuevo impuesto sobre remesas
Además de los costo de la visa, la reforma endurece sanciones: las infracciones migratorias pueden costar hasta $5,000 en multas. Además, introduce un impuesto del 1% sobre remesas enviadas fuera del sistema bancario, afectando a millones de migrantes que apoyan a sus familias.
Organizaciones de derechos humanos y sectores educativos denunciaron que los costos adicionales limitan el acceso al país para turistas, estudiantes y perseguidos. Universidades y agencias de viaje ya advierten sobre cancelaciones y retiros de solicitudes.
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