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El gobierno cubano presentó a Naciones Unidas una nueva lista de personas y entidades, la mayoría en el exterior- a las que busca por «terrorismo». Esta acción, algunos analistas consideraron este jueves que resta legitimidad a la política de Washington en esta materia contra la isla.
Cuba hizo pública esta semana en la Gaceta Oficial una actualización de ese listado, difundido por primera vez en 2023. Este incluye 62 personas y 20 entidades bajo investigaciones penales o buscadas por su implicación en supuestos «actos de terrorismo».
Autoridades de gobierno cubano informan que la lista fue entregada a la ONU.
Con este paso «no estamos haciendo otra cosa que cumplir y honrar, como lo hemos hecho en el pasado los compromisos que ha asumido Cuba». En 19 convenios internacionales relativos al terrorismo, de los que la isla es parte, dijo el miércoles a la prensa la viceministra de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal.
Las autoridades señalaron que la mayoría de las personas de este registro «reciben refugio y protección» en Estados Unidos. Registro que incluye el hombre que atacó a balazos en 2020 la embajada de Cuba en Washington, liberado en 2024 sin condena.
Arturo López-Levy, especialista cubano en Relaciones Internacionales y académico de la Universidad de Denver, dijo a la AFP que la entrega de esta lista representa un «llamado de alerta». Con la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas por parte de Washington, se dificulta la legitimidad con la cual el gobierno cubano está siendo tratado.
La Habana reclama la entrega de estas personas, pero según López-Levy el acuerdo de extradición que existe entre los dos países se encuentra «inactivo». Segun indica desde el triunfo de la revolución cubana en 1959.
En enero pasado, a unas horas de asumir nuevamente como presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reincluyó a la isla en la lista negra de patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado estadounidense. Lo que revoca la decisión de su antecesor, Joe Biden, de retirarla.
Esta medida obstaculiza las transacciones internacionales de Cuba, así como las inversiones en la isla porque las empresas se exponen a sanciones estadounidenses.
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