A 24 horas de su arresto, imputados de operación Lobo colaboran con el Ministerio Público

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Santo Domingo.- Varios de los implicados en la operación Lobo, arrestados por su presunta participación en una red que supuestamente sobornaba funcionarios para obtener contratos de seguridad, han comenzado a colaborar con el Ministerio Público a través de fiscales a cargo de la investigación, mientras se acerca el vencimiento del plazo legal para solicitar medidas de coerción.

Entre los 14 detenidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, al menos cuatro han sido trasladados a la Procuraduría General de la República para rendir declaraciones. Uno de ellos es Kilvio Rodríguez, propietario de una de las compañías de seguridad señaladas en el expediente. Rodríguez, según su abogado Carlos Balcácer, realizaba pagos bajo presión a funcionarios públicos para agilizar el cobro de sus servicios. El abogado sostiene que se trataban de “comisiones” exigidas informalmente, no sobornos para ganar contratos.

Abogado asegura imputado debía pagar bonos a funcionarios para agilizar cheques de su empresa

Balcácer afirma que su cliente tiene en su poder más de mil documentos que demuestran los pagos y que está autorizado a hablar públicamente. Según sus declaraciones, durante ocho años se vio obligado a pagar entre 700 mil y un millón de pesos mensuales para recibir pagos de contratos ya cumplidos.

En la lista de implicados también hay miembros activos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Uno de ellos, Wellington Peralta, según su abogado Carlos Nova, solo actuó como intermediario al prestar su cuenta bancaria por orden de un superior, sin beneficiarse directamente de los fondos.

Detalles sobre operación Lobo

Las instituciones públicas afectadas por este entramado incluyen al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi). Asimismo, el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte). También la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).

El Ministerio Público tiene hasta la madrugada del miércoles para solicitar las medidas de coerción correspondientes. Esto, tras haberse producido los arrestos en la madrugada del lunes.