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JCE valora condena impuesta a miembros red de falsificación de documentos

¿Quieres resumir esta noticia? Resumir Preparando el resumen… Resumen Puntos clave Preguntas frecuentes Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores. Santo Domingo, RD.- La Junta Central Electoral (JCE) saluda la condena de seis y tres años de prisión impuesta a cuatro miembros de una red que se dedicaba a […]

Redacción CDN
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Santo Domingo, RD.- La Junta Central Electoral (JCE) saluda la condena de seis y tres años de prisión impuesta a cuatro miembros de una red que se dedicaba a la falsificación de documentos públicos y privados.

De acuerdo con las evidencias, falsificaban cédulas de identidad en el Distrito Nacional, Santo Domingo y Barahona.

La red descubierta tras una investigación que inició en el mes de enero del pasado año el Ministerio Público adscrito a la Junta Central Electoral para la investigación de los delitos contra la identidad, en coordinación con la Dirección de Seguridad de la JCE y la Dirección de Investigaciones Criminales (DICRIM) de la Policía Nacional, a raíz del arresto de varios extranjeros que tenían en su poder documentos falsos obtenidos mediante el pago de sumas de dinero.

La decisión fue pronunciada por la jueza Fátima Cruz Estrella, del Departamento Judicial de Barahona, tras acoger un Procedimiento Penal Abreviado solicitado por el Ministerio Público, a fin de dar celeridad al proceso.

El Ministerio Público representado por los magistrados Wellington Matos y Esther González Peguero, y la Consultoría Jurídica de la JCE establecieron que el grupo delictivo se dedicaba a la comisión de crímenes y delitos de falsedad de documentación pública y privada en asociación de malhechores y, además, de lavado de activos.

Centro de Corrección y Rehabilitación

A Divisay Altagracia Amparo Peña y José Alfredo de los Santos los condenaron cada uno a seis años de prisión a cumplirlos en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Baní Mujeres y en el Centro de Privación de Libertad (CPL) de Barahona, con suspensión condicional de los últimos cinco años.

En tanto que a Yonel Raphael lo condenaron a tres años de prisión que deberá cumplir en el CPL de Barahona, con suspensión condicional de los últimos dos años.

Igualmente, condenaron al empleado de la Junta Central Electoral, Andys Hernández Rivera a tres años que deberá cumplir en el CPL de Barahona, con suspensión condicional de los últimos dos años y dos meses, así como al pago de una multa de 20 salarios mínimos.

Se dispuso como condiciones de la suspensión de la pena aplicable a todos los condenados las siguientes: residir en el domicilio procesal aportado en este proceso, abstenerse de ingerir en exceso bebidas alcohólicas, abstenerse del porte o tenencia de armas, mantener una conducta social íntegra y en cumplimiento de las normas vigentes en el ordenamiento jurídico dominicano y someterse al control y vigilancia del juez de Ejecución de la Pena de Barahona.

Documentos falsos

Los condenados se dedicaban a la falsificación de documentos de identidad, incluyendo cédulas, actas de nacimientos, pasaportes, licencias de conducir y de porte y tenencia de armas de fuego, así como carnets de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), del Ejército de la República Dominicana (ERD), títulos de Educación y de la Universidad del Caribe (Unicaribe).

Además, falsificaban visados de diferentes países, entre ellos Estados Unidos, Bahamas, Chile, Curazao, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, Brasil, Haití, Canadá, Países Bajos (Holanda), Honduras, entre otras naciones de la región, otorgándoles a los nacionales haitianos y dominicanos identidades falsas por montos que oscilaban entre RD$70 mil y RD$100 mil.

Los hechos los sancionan varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 172-13, sobre Protección Integral de Datos, la Ley 53-07, sobre Delitos de Alta Tecnología, y la Ley 4-23, de Actos del Estado Civil.

La Junta Central Electoral y el Ministerio Público se mantienen trabajando de manera conjunta en la detección y procesamiento de los casos de falsificaciones, suplantaciones de identidad y cualquier otro delito que se cometa en contra del registro civil de los ciudadanos.

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