¿Persiste conflicto en Bahía de las Águilas pese a anulación de títulos? Más de 50 oposiciones siguen activas

Santo Domingo, R.D. – A pesar de que en 2018 la sentencia núm. 918 del Tribunal de Tierras anuló los títulos de propiedad sobre los terrenos de Bahía de las Águilas y restituyó la totalidad de la parcela 215-A al Estado dominicano, hoy en día siguen activas más de 50 oposiciones legales contra ese fallo.

Así lo confirmó Charlotte Marzouka, consultora jurídica del fideicomiso Pro-Pedernales, en conversación con Reporte Especial con Julissa Céspedes, quien explicó que, aunque todos los tribunales dominicanos, incluyendo el Tribunal ConstitucionaL, han ratificado la titularidad estatal, continúan recibiendo notificaciones de procesos legales por parte de personas que insisten en reclamar derechos sobre la zona.

Bahía de las Águilas, considerada una de las playas más bellas del Caribe, está ubicada dentro del Parque Nacional Jaragua. Desde los años 90, se realizaron múltiples transferencias irregulares que derivaron en la emisión fraudulenta de títulos de propiedad en áreas protegidas y de alto valor ecológico y turístico.

“Muchos títulos se emitieron con base en asentamientos agrícolas que no aplican en zonas de playa ni en terrenos turísticos. Esto fue lo que motivó al Estado a iniciar la acción de nulidad, que concluyó en la recuperación total de los terrenos”, precisó Marzouka.

Pro-Pedernales continúa desarrollo turístico

Aunque las acciones penales contra los responsables de estas irregularidades no se han iniciado desde el fideicomiso, se ha dejado claro que es un tema que compete a la Procuraduría General de la República. El fideicomiso, por su parte, se mantiene enfocado en continuar el desarrollo turístico de la zona.

Actualmente, el proyecto de desarrollo en Pedernales contempla la construcción de hoteles, una planta de tratamiento y una subestación eléctrica como parte del plan de convertir el sur del país en un nuevo polo turístico. Las autoridades han reiterado que no existe fase de negociación con los antiguos reclamantes, dado que las sentencias ratifican la propiedad estatal sin lugar a dudas.

“La inversión pública en la zona es prueba clara de la seguridad jurídica del proyecto y de que el Estado dominicano es, legal y legítimamente, el único propietario”, concluyó la representante legal del fideicomiso.