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La administración del presidente Donald Trump ha acusado formalmente a la Universidad de Columbia, ubicada en Nueva York, de incumplir la Ley Federal de Derechos Civiles. En concreto, el Gobierno sostiene que la institución mostró «una deliberada indiferencia» frente al entorno hostil al que han estado expuestos sus estudiantes judíos.
El señalamiento proviene de la Oficina de Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, que afirmó que Columbia violó el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Esta norma prohíbe cualquier forma de discriminación basada en raza, color u origen nacional en programas que reciben fondos federales.
La OCR argumenta que la universidad no ha brindado protección adecuada a su alumnado judío, basándose en una investigación que se inició el 7 de octubre de 2023, fecha del ataque de Hamás a Israel, y se ha extendido hasta el presente.
El director interino de la oficina, Anthony Archeval, afirmó que los hallazgos documentan claramente el clima hostil que ha afectado la seguridad, educación y bienestar de los estudiantes judíos durante más de 19 meses.
Piden colaboración a la Universidad de Columbia
Las autoridades instan a Columbia a colaborar para alcanzar un acuerdo que derive en cambios significativos que garanticen protección efectiva. La investigación reveló que hasta el verano de 2024 la universidad no contaba con mecanismos eficaces para denunciar el antisemitismo. También señalan que no se aplicaron correctamente las políticas internas, ni se investigaron ni sancionaron adecuadamente actos de vandalismo con símbolos de odio como esvásticas.
Esta advertencia forma parte de una estrategia más amplia del Grupo de Trabajo Conjunto de la Administración para combatir el antisemitismo en el país.
El contexto de las acusaciones se agrava tras un año de intensas protestas propalestinas iniciadas en Columbia, que se expandieron por otros campus de EE. UU. Las manifestaciones incluyeron campamentos y arrestos masivos, y afectaron recientemente una ceremonia de graduación en Columbia, interrumpida por activistas y antiguos alumnos que quemaron sus diplomas en señal de protesta.
Actualmente, la Universidad de Columbia se encuentra en negociaciones para recuperar fondos federales suspendidos por la administración Trump, que exige medidas como la contratación de seguridad en el campus, prohibición del uso de mascarillas y supervisión externa de los programas de estudios palestinos.
El anuncio coincide, además, con otra medida del Gobierno, que prohíbe a la Universidad de Harvard matricular estudiantes extranjeros, intensificando el conflicto con las instituciones académicas de élite.
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