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Santo Domingo, RD.- El Senado de la República aprobó este martes, de manera unánime y en segunda lectura, el proyecto de ley que modifica la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, una iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo.
El informe favorable fue presentado por el senador Franklin Romero, presidente de la Comisión Especial encargada del estudio de la propuesta. El documento legislativo incorporó dos de las cuatro modificaciones sugeridas por el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández.
¿Qué cambia con esta reforma?
Entre las principales modificaciones, se adicionan los párrafos III, IV y V al artículo 3 de la ley vigente. El párrafo III establece que quienes sean hallados culpables del delito de trata de personas enfrentarán una condena de 20 a 25 años de prisión y una multa de 700 a 1,500 salarios mínimos del sector público.
El párrafo IV introduce una disposición clave al declarar que el delito de trata de personas no prescribe. Esto, garantiza que pueda ser perseguido judicialmente en cualquier momento.
Además, el párrafo V impone sanciones complementarias para funcionarios públicos implicados en este delito, quienes serán inhabilitados para ejercer funciones públicas por 10 años, y por 20 años en caso de reincidencia, una vez cumplida la condena de prisión.
La reforma también incorpora un nuevo artículo X, que establece la imprescriptibilidad del delito de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Asimismo, se introduce como agravante la participación de funcionarios pertenecientes a órganos extrapoder, poderes del Estado y gobiernos locales en este tipo de delitos.
Esta iniciativa legislativa busca fortalecer el marco jurídico. Esto con el objetivo de combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Del mismo modo, proteger a las víctimas y sancionar de forma ejemplar a quienes se beneficien de estas prácticas delictivas, especialmente si ostentan cargos públicos.
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