¿Cómo impactaría la nueva ley de libertad de expresión en las plataformas digitales en RD?

• RD busca regular redes sociales y plataformas digitales con nueva ley de libertad de expresión.

Santo Domingo. El Congreso Nacional estudia un proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales que contempla, en su Capítulo IV, un régimen especial para plataformas de contenidos en internet, como redes sociales y motores de búsqueda. El objetivo: garantizar la libertad de expresión y los derechos digitales de los usuarios dominicanos, al tiempo que se exige mayor transparencia y rendición de cuentas a las empresas tecnológicas.

El proyecto establece que plataformas digitales comerciales como redes sociales y buscadores que moderen contenido y cuenten con más del 10 % de los usuarios con acceso a internet en el país— deberán cumplir con normas claras y ajustadas a los estándares internacionales de derechos humanos. No aplicará a servicios de mensajería instantánea que no moderen contenidos.

Entre los puntos clave se destacan:

La obligación de redactar términos de servicio claros, en español, y notificar cambios de forma inmediata.

Reglas específicas sobre cuándo y cómo pueden suspender cuentas o limitar contenido.

Información detallada sobre cómo priorizan o jerarquizan los contenidos y cómo el usuario puede personalizar su experiencia.

Transparencia sobre el funcionamiento de algoritmos y acceso a auditorías.

Etiquetado obligatorio de publicidad, contenidos promocionados y propaganda política.

Derecho del usuario a recibir explicaciones sobre restricciones, con canales de apelación gratuitos, en español y de respuesta rápida.

Además, se consagra el derecho al debido proceso: los usuarios deben ser notificados antes de que una medida restrictiva entre en vigor, salvo casos excepcionales. También podrán impugnar decisiones de moderación con respaldo legal dentro del país.

La ley establece que la desindexación de contenidos (remoción de resultados de buscadores) solo será válida por orden judicial y si se demuestra un daño real a la dignidad o vida privada. Sin embargo, esto no aplicará si se trata de información de interés público o que involucre a figuras relevantes.

Finalmente, las plataformas solo serán responsables civilmente por daños de terceros si, tras una orden judicial, no retiran el contenido señalado como infractor.