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Santo Domingo, RD. Durante su participación en la Cumbre Anual de Violencia Sexual 2025, celebrada el pasado fin de semana en Miami, la procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, expuso los principales avances, desafíos y mecanismos de respuesta que implementa la República Dominicana para combatir este grave delito, en el marco de la ponencia titulada “Marco legal y mecanismos de respuesta ante la violencia sexual en la República Dominicana”.
Ramos destacó que la violencia sexual constituye una grave violación de derechos fundamentales protegidos tanto por la Constitución dominicana como por tratados internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el Pacto de San José.
La Cumbre Anual de Violencia Sexual 2025 fue organizada por la entidad sin fines de lucro Nuevo Sendero y reunió a expertos, autoridades y representantes de organizaciones internacionales comprometidos en la erradicación de la violencia sexual, promoviendo un espacio de reflexión, intercambio de buenas prácticas y propuestas de acción.
«La violencia sexual lacera cuerpos, vulnera vidas y silencia voces. Como Estado, nuestra respuesta debe ser firme y humana a la vez», afirmó Ramos al dirigirse a las autoridades y especialistas presentes en el evento.
En su ponencia, explicó que el Ministerio Público desempeña un rol clave en la prevención, investigación y persecución de estos delitos, a través de las Unidades de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, que garantizan atención médica, psicológica y legal a las víctimas. Además, detalló los pasos que siguen las autoridades dominicanas, desde la recepción de denuncias hasta la solicitud de medidas de coerción, bajo el amparo de leyes como el Código Penal, la Ley 24-97 y la Ley 136-03.
La procuradora fiscal también abordó los principales delitos tipificados en la legislación dominicana. Entre ellos el acoso sexual, la violación, el abuso sexual infantil y el incesto, las severas sanciones establecidas. Las que pueden llegar hasta los 30 años de prisión en casos de violaciones agravadas por tortura y barbarie.
Durante su intervención, Ramos resaltó la importancia de la colaboración entre el Estado y la sociedad civil.
Esto para fortalecer la prevención y el acompañamiento a las víctimas. Subrayando que «la lucha contra la violencia sexual requiere alianzas estratégicas y un compromiso conjunto».
Compartió que el Ministerio Público logró la condena a 30 años de prisión de Michael Saba. Conocido como «El Italiano», por el feminicidio de su expareja en Piantini.
La condena a 30 años de Mairelys Francheska Guzmán por tentativa de homicidio con gasolina y fuego contra su pareja.
Y la condena a 30 años de Santo Lora Vargas por el asesinato de su hijastra de 13 años en Villas Agrícolas.
En el marco de la cumbre, también expresó su solidaridad ante casos internacionales de violencia doméstica.
Como el reciente asesinato de la menor Madeline Soto en Florida, resaltando la necesidad de sanciones proporcionales a la gravedad de estos hechos.
Al término de su participación, Rosalba Ramos recibió una placa de reconocimiento por sus aportes a la prevención, investigación y persecución de los delitos sexuales.
En el acto que destacó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la construcción de una sociedad más segura.
Ramos concluyó su intervención haciendo un llamado a continuar fortaleciendo los sistemas de justicia en la región.
Asimismo, promover respuestas judiciales más rápidas y garantizar mayor acceso a servicios de protección y apoyo para las víctimas. «Mi mensaje es de esperanza, pero también de acción: debemos seguir fortaleciendo las instituciones, escuchando a las sobrevivientes y asegurando justicia», puntualizó.
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