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Santo Domingo – La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, emitió una nueva instrucción para que el Ministerio Público otorgue alta prioridad a las investigaciones sobre tráfico ilícito de migrantes, especialmente cuando estén implicados funcionarios públicos, policías y militares.
La medida, formalizada el pasado viernes 25 de abril mediante la «Instrucción General para las Investigaciones del Tráfico Ilícito de Migrantes», responde a la creación de la Unidad de Investigación de Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), establecida por el Consejo Superior del Ministerio Público a sugerencia del Poder Ejecutivo.
Según la disposición, los fiscales de todo el país deberán actuar con prioridad en casos donde existan evidencias o información de inteligencia que vinculen a servidores públicos con redes criminales de tráfico de migrantes. Además, deberán proceder a solicitar la inmediata suspensión de los implicados a través de los órganos correspondientes.
Más sobre las nuevas medidas
La instrucción también contempla el secuestro legal de vehículos, bienes inmuebles, cuentas bancarias y otros activos relacionados con el delito, en cumplimiento de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y de los tratados internacionales suscritos por la República Dominicana.
El Ministerio Público subrayó que el tráfico ilícito de migrantes representa una de las formas más lucrativas y complejas de la criminalidad organizada transnacional, afectando gravemente la seguridad del Estado y el control migratorio.
La nueva unidad de investigación estará dirigida por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), encabezada por la procuradora de corte Yoanna Bejarán. Contará con personal seleccionado de distintas agencias de inteligencia y seguridad, capacitado bajo estándares internacionales, y dispondrá de tecnología avanzada, programas de formación continua e incentivos especiales.
Con esta iniciativa, el Ministerio Público busca desmantelar las estructuras criminales dedicadas al tráfico de migrantes y al lavado de activos, fortaleciendo así la defensa de la soberanía nacional y el respeto a los derechos humanos.
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