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Dictan un año de prisión a exdirector de Ética que borró datos de la entendidad tras elecciones 2020

¿Quieres resumir esta noticia? Resumir Preparando el resumen… Resumen Puntos clave Preguntas frecuentes Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores. Santo Domingo, República Dominicana.- Un año de prisión y el pago de una multa equivalente a cincuenta salarios mínimos fue dictado a Dahiri Miguel Espinosa Guerra, exdirector de Tecnología […]

Redacción CDN
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Santo Domingo, República Dominicana.- Un año de prisión y el pago de una multa equivalente a cincuenta salarios mínimos fue dictado a Dahiri Miguel Espinosa Guerra, exdirector de Tecnología de la Información de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), por la borradura masiva de datos sensibles pertenecientes a esa entidad estatal.

Espinosa Guerra fue hallado culpable de dañar o alterar datos informáticos en su condición de empleado público, violando el artículo 10 y su párrafo de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

La sentencia de prisión se produce tras una formal acusación presentada por el Ministerio Público. A través de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), encabezada en ese momento por el actual procurador adjunto Iván Féliz Vargas.

Durante el juicio, el fiscal litigante Merlin Mateo Sánchez logró probar que el acusado borró de manera deliberada 377,969 registros de la institución. Esto después del 5 de julio de 2020, fecha de las elecciones nacionales.

Entre las informaciones eliminadas se encontraban archivos clave como:

-SAIP, plataforma de denuncias y acceso a la información pública;

-Sysplan, sistema para la planificación estratégica institucional;

-Carpeta IPAC, vinculada a una iniciativa participativa anticorrupción promovida por la ONU.

El tribunal dispuso que Espinosa Guerra cumpla su condena en el Centro de corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Con lo cual se marca un precedente importante en la lucha contra los delitos tecnológicos en el ámbito de la gestión estatal.

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