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La Altagracia, RD – 21 de marzo de 2025. La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de La Romana realizaron este viernes nuevas incautaciones de bienes vinculados a la red de estafa inmobiliaria desmantelada en la Operación Guepardo. Los inmuebles, valorados en más de US$3.3 millones, forman parte de la recuperación de activos en este caso.
Hasta el momento, las autoridades han confiscado seis propiedades adquiridas con fondos ilícitos en zonas exclusivas de Bávaro, Verón y Punta Cana. Los bienes estaban en posesión de Loany Lismeiry Ortiz Nova. Además, de Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco. Todas registradas en la empresa de fachada Novasco Real Estate SRL, utilizada junto a REMAX ONE para cometer los fraudes.
Las investigaciones revelan que los apartamentos y terrenos en custodia, se compraron entre 2022 y 2023, fueron adquiridos con dinero de las víctimas. El informe financiero señala que Novasco Real Estate solo registró ingresos provenientes de los afectados, ascendiendo a más de US$18 millones, sin otra fuente de capital. Entre los proyectos fraudulentos figuran River Hill y Bávaro Victoriana.
Desmantelamiento y proceso judicial
La red criminal se desarticuló el 7 de febrero de 2025, mediante 11 allanamientos simultáneos, donde también se incautaron terrenos y vehículos de alta gama. Como medida cautelar, la magistrada Margarita Cristo Cristo dictó 18 meses de prisión preventiva contra Rocío del Alba Rodríguez de Moya. Además, contra Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco. Todos sometidos por violaciones al Código Penal Dominicano (artículos 405, 265 y 266), la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Además, se espera la extradición desde Colombia de Loany Lismeiry Ortiz Nova, arrestada cuando intentaba cruzar hacia Venezuela por Cúcuta.
Las magistradas Ramona Nova y Reina Rodríguez, titulares de la Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de La Romana, confirmaron que la operación fue ejecutada junto a la División de Investigación de Lavado de Activos y la Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados de la Procuraduría General. También aseguraron que continúan identificando más bienes no justificados de la red criminal.
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