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Santo Domingo. – La situación entre Haití y República Dominicana cada día se agrava en diferentes ámbitos, uno de ellos el alquiler. Recientemente diputados presentaron en la Cámara Baja un anteproyecto de ley en el que recomiendan medidas como limitar el alquiler de casas a haitianos, restringirles empleos o condicionarles la compra de terrenos e inmuebles en el país.
El anteproyecto lo presentó el exministro Pelegrín Castillo, que ahora será asumido por los legisladores Elías Wessin Chávez, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC). Y Eugenio Cedeño, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
La medida que busca prohibir el alquiler de viviendas a haitianos indocumentados no solo impacta a la comunidad haitiana residente en el país. Sino que también podría acarrear una serie de repercusiones que afectarían tanto el tejido social como la estructura económica de la República Dominicana.
Lo que establece el anteproyecto
El artículo 4 de la propuesta establece que los propietarios de inmuebles deberán exigir a los inquilinos extranjeros que presenten sus documentos de identidad. Y su estatus migratorio antes de formalizar el contrato de arrendamiento. En caso de que los documentos sean válidos, los propietarios estarán obligados a registrarlos en el contrato de alquiler y a notificar a la Dirección General de Migración.
Además, otro de los artículos del anteproyecto estipula que cualquier transacción de venta de bienes inmuebles o terrenos a ciudadanos haitianos deberá ser previamente revisada y autorizada por el Poder Ejecutivo, tras un proceso de depuración de la solicitud.
Consecuencias
Una de las principales consecuencias de la prohibición es el aumento de la vulnerabilidad de los haitianos indocumentados. Esta situación podría empujar a un sector importante de la población a vivir en la informalidad. Históricamente los ciudadanos haitianos han realizado invasiones de terrenos en diferentes partes del país.
Otra consecuencia es, que, al negarse el alquiler de viviendas, se podría crear un ambiente de mayor marginalidad. Donde las familias haitianas indocumentadas se vean obligadas a convivir en hacinamiento o incluso en las calles.
La prohibición de alquileres también podría aumentar las tensiones sociales entre dominicanos e inmigrantes haitianos.
Desde una perspectiva de derechos humanos, la prohibición de alquileres a haitianos indocumentados podría ser vista como una violación a los derechos fundamentales de las personas.
La prohibición de alquileres a haitianos indocumentados es una medida que, más allá de sus intenciones de regular la inmigración ilegal, podría acarrear consecuencias serias tanto para los inmigrantes como para la sociedad dominicana en general.
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