Venezuela aprueba una ley que ordena 30 años de prisión para quienes promuevan sanciones

Venezuela. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves una ley que ordena penas entre 25 y 30 años de prisión, y multas de hasta 1. 055.680 dólares para las personas que promuevan o estén implicados de cualquier manera en las sanciones extranjeras impuestas al Gobierno y «autoridades» del Estado.

El instrumento jurídico, bautizado con el nombre de «Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela», estipula además que quienes promuevan este tipo de medidas podrían ser sometidos a inhabilitación política por hasta 60 años.

Esta deberá ser firmada por el presidente Nicolás Maduro para su entrada en vigencia.

La nueva legislación coincide con recrudecidas tensiones por la reelección de Maduro para un tercer mandato , denunciada como un fraude por la oposición, que reclama un triunfo del candidato Edmundo González Urrutia en los comicios del pasado 28 de julio.

A quienes se le acusen de impulsar sanciones extranjeras podrán ser juzgados en ausencia en caso de negarse a acudir a las audiencias.

Se castigan otros «delitos»

Asimismo, tampoco podrán competir en elecciones quienes hayan «promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, respaldado o participado en la adopción o ejecución» de «acciones armadas o de fuerza. Así como ataques cibernéticos» contra el país, sus instituciones o autoridades, muchas de ellas sancionadas por otros países. Para ellos se consideran penas idénticas de hasta 30 años.

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También serán multados los medios de comunicación que difundan cualquier tipo de mensajes que promuevan sanciones o medidas que «afecten a la República Bolivariana de Venezuela«. Y podrían ser castigados con la salida de circulación o del espectro radioeléctrico. De igual forma la dependiendo de la plataforma que sea el caso.

Este nuevo marco legal también define como «acciones que ponen en riesgo la soberanía» el desconocimiento a (la legitimidad de los) poderes públicos o el reconocimiento de investiduras a sujetos que «simulen» representar el poder público, en un país que celebró elecciones presidenciales en julio, cuyo resultado oficial no es reconocido por numerosos gobiernos.

Esto se produce justo después de que esta semana los EE. UU. hicieron público un nuevo listado que contempla sanciones individuales contra 21 integrantes del régimen chavista. Entre ellos destaca el nombre de Daniela Cabello, hija del número dos del chavismo y actual ministro de Interior, Diosdado Cabello.

Fuente: EFE | DW