MP acusa formalmente a 13 implicados en la Operación Colibrí por falsificación de documentos

Santiago, RD.- La Fiscalía de Santiago presentó formalmente ante el juez coordinador de los Juzgados de Instrucción un extenso escrito de acusación contra 13 personas implicadas en una red de falsificación de documentos públicos y privados que operaba en el entorno de la Junta Municipal de Santiago. Los acusados se señala de formar parte de una estructura criminal que, mediante prácticas ilegales, puso en riesgo la seguridad jurídica del país.

La acusación, que se extiende a lo largo de más de 600 páginas, detalla cómo la red, conocida como la Operación Colibrí, operaba bajo la coordinación de miembros de la Junta Central Electoral (JCE) y otros actores externos, quienes falsificaban documentos oficiales como cédulas de identidad, licencias de conducir, carnets diversos, licencias para el porte de armas y títulos de propiedad.

Los 13 acusados y sus roles en la red delictiva

Según el informe Los acusados en este caso son Julio César Almonte Espinal (César), William Ramón Rodríguez, Samuel Elías Ceballos Ramos, Ana Delia Ysidra Tavarez Soto, Luis Manuel Rodríguez Rodríguez, Arsenio Rafael Reyes, Tomás Enmanuel Rojas Guzmán, Noel de Jesús Padilla Minaya, Fausto Merán (Capital), José Rosario Marte (Cheo), Yanuel Morales Rodríguez (Google), José Miguel Cruz Hiraldo (Sandy) y José Carlos Montero Troncoso.

Según las investigaciones realizadas por el Ministerio Público junto con técnicos encubiertos de la Junta Central Electoral, los imputados operaban una compleja estructura de falsificación. La red no solo se encargaba de generar documentos falsos, sino que también manipulaba el Registro Civil Dominicano. Se descubrió que los acusados borraban el contenido de las actas originales, utilizando papel de seguridad auténtico para luego reimprimir información falsa, lo que les permitía crear documentos que mimetizaban a la perfección los originales.

Pruebas y hallazgos clave en la investigación

Durante los allanamientos judicialmente autorizados, el Ministerio Público incautó más de 800 elementos de prueba, incluyendo plásticos y materiales utilizados para fabricar los documentos falsificados. Entre los elementos encontrados se destacan cédulas, licencias y otros documentos oficiales que se habían impreso o estaban listos para ser distribuidos. Además, la Fiscalía presentó pruebas que demuestran cómo los llamados buscones o intermediarios ayudaban a tramitar los documentos falsificados, cobrando sumas considerables a los solicitantes.

En el caso de José Carlos Montero Troncoso, quien era empleado de la Junta Central Electoral, se le imputan cargos adicionales por la violación de leyes relacionadas con la protección de datos personales y crímenes informáticos, debido a su acceso no autorizado a bases de datos sensibles.

Cargos y penas previstas

Los 13 acusados enfrentan cargos graves, incluidos la asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados, y alteración de registros oficiales. Los artículos del Código Penal Dominicano que se aplican a este caso incluyen los artículos 265, 266, 147 y 150. Los mismos tipifican estos delitos, además de la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral.

En el caso de Montero Troncoso, el Ministerio Público también lo acusa de violar la Ley 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales. También la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por su implicación en el acceso fraudulento a sistemas de datos de la JCE.