Autos sin impuestos para los legisladores: Un derecho que sigue generando críticas en RD

Santo Domingo, RD. – Desde 1966, los legisladores de la República Dominicana han gozado de un beneficio legal que les permite importar vehículos de lujo exentos de impuestos, un privilegio que ha evolucionado con el tiempo, pero que sigue siendo objeto de controversia y debate.

La medida, que comenzó como una herramienta para facilitar la adquisición de vehículos, ha experimentado múltiples ajustes legislativos y sigue siendo un tema de discusión en la sociedad.

Orígenes

El 9 de noviembre de 1966, el presidente Joaquín Balaguer promulgó la Ley 50, la cual otorgaba a los legisladores (senadores y diputados) la posibilidad de importar un vehículo libre de impuestos para su uso personal. El primer artículo de la ley era claro y directo: «Se autoriza a cada legislador, Diputado o Senador, importar al país para su uso personal, un automóvil libre de toda clase de impuestos o derechos.

En sus inicios, la ley imponía un límite de 3,000 dólares (equivalentes a 3,000 pesos de la época) para el valor de los vehículos, y establecía que no podrían ser vendidos durante los primeros cuatro años sin que se pagaran los impuestos exonerados.

Primera modificación: Ley 14 de 1974

Con el paso de los años, la inflación y el cambio en las condiciones económicas llevaron a los legisladores a solicitar un aumento en el límite de los vehículos que podían importar sin pagar impuestos. En 1974, la Ley 14 elevó el valor máximo permitido a 5,000 dólares (aproximadamente 5,700 pesos), justificando que los vehículos por debajo de esa cantidad no cumplían con los estándares de calidad y seguridad. Aunque el límite subió, la ley mantenía la restricción de importar solo un vehículo por legislador.

Ajustes adicionales: Ley 2 de 1978 y Ley 21-87 de 1987

La inflación continuó afectando el mercado, y en 1978, la Ley 2 aumentó el límite a 6,000 dólares (alrededor de 7,500 pesos), con el mismo argumento: los vehículos de menor valor no eran adecuados para un uso seguro y eficiente. A medida que las crisis económicas se agravaban, los legisladores volvieron a modificar la ley en 1987 mediante la Ley 21-87, subiendo el límite de los vehículos exonerados a 18,000 dólares (unos 63,180 pesos), con el argumento de que los vehículos más caros eran necesarios para mantener la «representatividad» de la investidura legislativa.

La Ley 57-96: Fin de los límites

El 1996 marcó un cambio radical con la promulgación de la Ley 57-96, que eliminó por completo el límite de valor de los vehículos que los legisladores podían importar. Esta ley otorgó a los legisladores un privilegio incomparable: podían importar un vehículo cada dos años sin importar la marca, el modelo, el año de fabricación ni el precio. Además, los vehículos importados no estaban sujetos a ningún tipo de impuesto, recargo o restricción. Más allá de la obligación de no transferirlos hasta pasados dos años desde su importación.

El beneficio vigente

Hoy en día, los legisladores dominicanos siguen gozando de este beneficio. De acuerdo con la Ley 57-96, pueden importar hasta dos vehículos durante el cuatrienio de su mandato. Totalmente libres de impuestos y sin límite de valor. Esto ha generado fuertes críticas en sectores de la sociedad. Especialmente en un contexto donde la desigualdad social sigue siendo un tema importante, y muchos ciudadanos consideran que el uso de los recursos públicos podría destinarse a fines más urgentes, como la mejora de la infraestructura y los servicios públicos.

Este privilegio ha sido cuestionado por diversos sectores, que lo consideran un reflejo de las profundas desigualdades en el país. Donde una parte significativa de la población enfrenta dificultades económicas, mientras que los legisladores disfrutan de beneficios excepcionales. A pesar de la controversia, los legisladores defienden el derecho a recibir estos beneficios como una compensación por su trabajo. Además, de una forma de mantener una “representatividad” frente a otros países.

Controversia y críticas

El beneficio de importar vehículos exonerados de impuestos ha sido ampliamente criticado por la opinión pública. Especialmente en tiempos de crisis económica y desconfianza en las instituciones. Mientras muchos lo ven como un uso indebido de los recursos fiscales, otros lo defienden como un derecho legítimo de los representantes del pueblo. Argumentando que la figura del legislador requiere de una cierta «dignidad» material. Sin embargo, el debate persiste. La discusión sobre la necesidad de revisar esta ley sigue siendo un tema vigente en la agenda política del país.

Desde su promulgación en 1966, la ley que permite a los legisladores importar vehículos exonerados de impuestos ha sufrido varios ajustes. Cada uno con justificaciones relacionadas con la inflación y las condiciones económicas del momento. Sin embargo, el resultado ha sido una creciente brecha entre los beneficios que disfrutan los legisladores y las necesidades de la población. Hoy, la Ley 57-96 sigue vigente, permitiendo que los congresistas importen vehículos de lujo sin pagar impuestos. Un privilegio que sigue siendo uno de los temas más polémicos en la política dominicana.