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Santo Domingo.- El Ministerio Público depositó la noche de este lunes ante la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la solicitud de medida de coerción contra 10 oficiales de la Policía Nacional acusados de integrar una red criminal que sustrajo casi un millón de municiones, y que resultó desarticulada mediante la operación Pandora.
Con la solicitud, respaldada por 213 páginas y 135 elementos de prueba, el órgano persecutor busca prisión preventiva y la declaración de complejidad del caso.
Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) junto a un cuerpo de fiscales, depósitos la solicitud casi a las 11 de la noche.
«Este es un caso extremadamente grave, ocurrido dentro de la Policía Nacional, y que pone en riesgo la seguridad nacional de la República Dominicana», afirmó Camacho.
La red criminal, compuesta por agentes de la Policía Nacional, era encabezada por el coronel que dirigía la Intendencia de Armas de dicha institución. Dicha red sustrajo más de 900,000 proyectiles.
La investigación que condujo a la operación Pandora se inició el pasado mes de octubre, tras una solicitud conjunta del Ministerio de Interior y Policía y el director general de la uniformada.
En la ejecución de la Operación Pandora participaron más de 200 agentes de unidades especiales de la Policía Nacional, la Policía Preventiva y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), y más de 40 fiscales que llevaron a cabo allanamientos en el Distrito Nacional y en las provincias de Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez y Pedernales.
Agentes arrestados operación Pandora
Durante la operación se arrestó al coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien era el encargado de la custodia de las armas y municiones, así como al subintendente Juan Miguel Pérez Soler. También, resultaron detenidos el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien habría alterado los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar la sustracción de cientos de municiones; y el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central.
Además, se encuentran bajo arresto para medidas de coerción el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez, así como la imputada Miguelina Bello Segura, quienes fungían como piezas clave en la parte operativa de la organización criminal.
El Ministerio Público subrayó que el capitán Santos llevaba más de seis años como auditor en la Intendencia de Armas y que, además de falsificar datos en la auditoría de febrero, se asoció con los líderes de la red para intentar manipular de nuevo los números ante el avance de la investigación, acción rápidamente detectada por los investigadores.
Las diligencias investigativas permitieron la incautación de armas, proyectiles, evidencias digitales, cientos de transacciones económicas, pruebas testimoniales y datos extraídos de dispositivos electrónicos, consolidando un robusto conjunto de pruebas para presentar ante el juez de instrucción.
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