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Santo Domingo. – En agosto del presente año las calles de la capital dominicana vivían un caos inexplicable con largos taponamientos y vehículos trancados en intersecciones debido a que múltiples semáforos se apagaron.
Pero las acusaciones del Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución Contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), en el caso por corrupción desmantelado en la Operación Camaleón, arrojaron luz sobre lo que sucedió a la red semafórica del gran Santo Domingo.
El programa Reporte Especial con Julissa Céspedes en su investigación realizada sobre la Operación Camaleón resaltó que el 8 de noviembre de 2023, el imputado Pedro Vinicio Padovani Báez, a través de su abogado Carlos Balcácer, solicitó un hábeas corpus que fue rechazado.
Tras la salida del tribunal, Padovani Báez y Aquiles Jiménez ofrecieron declaraciones a la prensa, afirmando que tenían control de la red semafórica. Además dijeron que al día siguiente apagarían los semáforos, lo que constituyó una amenaza a la seguridad nacional.
Este acto de apagón de semáforos fue interpretado como un intento de disuasión para evitar que los imputados se sometieran a la justicia.
Nuevos reguladores
En el expediente acusatorio se establece que desde marzo hasta agosto de 2024, la empresa Transcore Latam S.R.L. llevó a cabo instalaciones inconsultas de nuevos reguladores en el sistema semafórico. Aumentaron el número de 80 a 124, lo que dificultó el trabajo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).
Estas instalaciones se realizaron en horarios nocturnos y se llevó a cabo un cambio en los llavines de las cajas de seguridad. Como resultado, el personal del INTRANT no pudo realizar las reprogramaciones necesarias ni el monitoreo y control remoto de la red semafórica.
Según el Ministerio Público, a partir de agosto de 2024, se comenzó a presentar una intermitencia en los semáforos. Estos apagón de semáforos afectaron el tráfico en intersecciones críticas de la ciudad capital.
En el transcurso de agosto, se reportaron averías en los semáforos. Una visita técnica del INTRANT reveló que se habían cambiado reguladores sin autorización. Esa situación llevó a un incremento de reportes de los apagones de semáforos
La auditoría
La PEPCA establece en la solicitud de medida de coerción en el citado caso que el 26 de agosto de 2024, se presentó una auditoría de la Unidad de Antifraude de la Contraloría General de la República que evidenció irregularidades en el proceso de licitación pública nacional adjudicado a Transcore Latam S.R.L. con el INTRANT.
A raíz de esta auditoría, se intensificaron los reportes de averías en el tránsito. Mientras que se instruyó a Jochi Gómez, representante de la empresa Transcore Latam S.R.L., que cesara cualquier nueva instalación, lo que provocó su disgusto. Luego se comunicó a sus técnicos, a través de un chat de WhatsApp, la cancelación de todos los soportes a INTRANT.
El 28 de agosto de 2024, se desactivaron 14 intersecciones con semáforos desde el centro de control de Transcore Latam S.R.L. Esta acción suscitó sospechas sobre un sabotaje, dado que el promedio de averías diarias es de 5 a 6.
Para el 29 de agosto, se registraron 42 intersecciones afectadas, lo que llevó al INTRANT a investigar el inusual comportamiento de los semáforos.
Ante la crisis en el sistema de semáforos, el INTRANT armó un equipo técnico con apoyo militar para recuperar el control de la red semafórica del gran Santo Domingo. La intervención comenzó en uno de los nodos críticos, y al hacerlo, Transcore Latam S.R.L. comenzó a apagar otros semáforos.
Para el 30 de agosto de 2024, se reportaron 69 semáforos apagados o deshabilitados. Los técnicos del INTRANT trabajaron durante 48 horas para restablecer el control manual del sistema.
Según el Ministerio Público, esta situación evidenció un caos en las calles y reveló la manipulación de la red semafórica por parte de los involucrados, quienes habían amanecido utilizando las redes sociales para comunicar sus acciones.
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