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Santo Domingo, R. D. – El nombre de Jochy Gómez, salta a la palestra pública por sus incursiones y servicios en área informática y en la de jaqueo e interferencias telefónicas.
Hereda de su padre, el influyente comunicador, Guillermo Gómez, vinculado al ala política que representaba José Francisco Peña Gómez en el otrora PRD, un aura de intocable y de elite social encumbrada.
La cercanía de su padre con sectores de poder, se suma a su preparación en el área de la inteligencia tecnológica y las telecomunicaciones. Esto le garantiza su participación en proceso de licitación con el Estado.
A través de esa influencia participa en procesos de licitación estatales, los que gana sin tropiezos y se agencia contratos, como el de la empresa Latam Transcore de 1,300 millones de pesos.
Escándalos
¿Pero en cuáles escándalos se vincula la figura de Jochy Gómez?
En 2012 lo acusaron de chantaje y extorsión, y de supuesta actividad de «jaqueo» de cuentas de correo de personalidades políticas, empresarios y funcionarios gubernamentales.
En su momento, el Ministerio Público acusó a Gómez de colaborar con piratas informáticos internacionales. Estos, según investigación, asentados en la India y Vietnam, para obtener claves de correos electrónicos.
El expresidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, lo señaló como cómplice en el supuesto fraude que denunció el expresidente Leonel Fernández, cuando perdió frente a Gonzalo Castillo en el PLD en el 2020.
Servicios
Aparte de ser de los principales ejecutivos de la empresa Trascore Latam tiene en su haber otros contratos,
Es ejecutivo de la empresa Dekolor que da servicio de examen de conducir, examen visual e impresión de las licencias de conducir en el Intrant, hace varios años.
También la empresa Aurix es propiedad de Gómez y que tenía un contrato con el Ministerio de Defensa. Este contrato fue para la instalación de equipos de seguridad en las fronteras terrestres entre República Dominicana y Haití.
Este contrato el MIDE lo rescindió, luego de que el director de la Dirección Nacional de Investigaciones, Luis Soto, recomendara su cancelación. –
En su momento se esgrimió que una empresa privada no podría manejar asuntos de seguridad nacional, lo que corresponde al Estado vigilar y controlar.
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