Fiscalía de Santiago formaliza acusación contra red de cibercrimen que defraudó a envejecientes en EE.UU.

Santiago (RD).- La Fiscalía de Santiago presentó la acusación formal contra 21 imputados, incluyendo dos entidades societarias, por su participación en una red de cibercrimen que, mediante estafas electrónicas, defraudó con millones de dólares a cientos de envejecientes estadounidenses. La red fue desmantelada a través de la Operación Discovery 2.0, una de las investigaciones más importantes y complejas de los últimos años.

Acusación formal con 950 páginas y más de 450 pruebas

El documento de acusación, depositado poco antes de la medianoche de este lunes ante la Secretaría General de la Jurisdicción Penal de Santiago, consta de 950 páginas y presenta más de 450 elementos de prueba. Entre las pruebas recopiladas se incluyen documentales, periciales, materiales y testimoniales, entre otras. Estas fueron recabadas en una exhaustiva investigación liderada por la Fiscalía de Santiago, en colaboración con la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional, la Policía de Nueva York y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de EE.UU.

Red criminal y afectación a envejecientes estadounidenses

La operación reveló que los acusados operaban una red bien estructurada que robaba recursos de sistemas de seguros y fondos de retiro. Esto, en perjuicio de cientos de adultos mayores retirados en EE.UU. Los afectados perdieron los ahorros de toda una vida, destinados a cubrir sus necesidades en la vejez, lo que dejó en evidencia su vulnerabilidad.

La Operación Discovery 2.0 no solo desmanteló una de las organizaciones criminales más organizadas, sino que también identificó los múltiples roles de sus integrantes, quienes eran responsables de la planificación y ejecución de estas estafas electrónicas.

Imputados en prisión preventiva y extradiciones solicitadas

Hasta la fecha, varios de los acusados permanecen en prisión preventiva, incluyendo a Miguel Ángel Camilo Pérez, Erick Ángel Peña Núñez, Juan Armando Vásquez Ramírez, Freddy Urtarte (El Metra), Hayler Andrés Olivarez Núñez, y Kelvin Antonio Carmona Sánchez. Los delitos que se les atribuyen, y que algunos procesados ya han admitido, incluyen estafa, intimidación, usurpación de identidad y lavado de activos.

La Fiscalía, en coordinación con organismos de investigación de Estados Unidos, ha tramitado la extradición de otros cinco imputados: Juan Rafael Peña Arias, José Ismael Diloné Rodríguez, Félix Manuel Reynoso Ventura, Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán y Miguel Ángel Vásquez, quienes están siendo procesados por los mismos delitos en esa nación.

Daños colaterales: perjuicio económico y reputacional para República Dominicana

Además de la afectación económica a los envejecientes, los delitos de esta red constituyen un agravio a la imagen de la República Dominicana. Esto afecta el turismo y las relaciones internacionales del país. El órgano persecutor destaca que estos crímenes generan inestabilidad económica para las familias afectadas, afectando su futuro y estabilidad financiera.

Uno de los principales imputados, Claudio Santana, también conocido como Claudio Mercedes, resultó arrestado y deportado a los Estados Unidos, donde enfrenta varios cargos.

Desmantelamiento de call centers clandestinos y decomiso de bienes

La Fiscalía, durante la investigación, allanó cuatro centros de llamadas o “call centers” clandestinos, que servían como base operativa para la organización. En los allanamientos, se secuestraron evidencias contundentes de los delitos cometidos.

La Fiscalía ha solicitado el decomiso de cientos de bienes materiales pertenecientes a los acusados, incluyendo vehículos, propiedades y dinero en efectivo.

Operación Discovery 2.0: un esfuerzo internacional multidisciplinario

La Operación Discovery 2.0 se desarrolló con un equipo multidisciplinario que involucró a más de 26 fiscales, 230 agentes de la Policía Nacional. También técnicos especializados de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, junto con la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. Este equipo coordinó todos los aspectos operativos de la investigación y logró desmantelar la red criminal.