Funcionarios en las “sombras” del incumplimiento en la declaración jurada

Santo Domingo. – Los funcionarios deben presentar su Declaración Jurada de Patrimonio ante la Cámara de Cuentas, entidad encargada de recibirla, revisarla y auditarlas. Pero cumplir con este requisito para algunos legisladores se les ha hecho casi imposible.

Una declaración jurada es un documento donde los contribuyentes que asumen funciones públicas específicas declaran los ingresos o beneficios de las actividades obtenidas, dando constancia de los bienes y servicios prestados por su actividad económica, y dejan claro cómo es su patrimonio al iniciar o cerrar su ejercicio fiscal.

El programa Reporte Especial con Julissa Céspedes analizó la publicación oficial de la Cámara de Cuentas, donde la plataforma de Declaración Jurada de Patrimonio. Para el cierre del 11 de septiembre, de 190 diputados solo 95 empezaron el proceso, de estos menos de 20 habían sido notificadas. Asimismo, de los 32 senadores, solo 16 habían visitado el sistema.

Ley 311-14

A pesar del revuelo causado en mayo pasado con la Declaración Jurada de Patrimonio, cuando un gran porcentaje de funcionarios de los gobiernos locales entraron en infracción por no cumplir la Ley 311-14, el portal de consultas de la Cámara de Cuentas no está actualizado.

Esta pieza es crucial para el fortalecimiento de la institucionalidad, ya que establece el marco legal para la Declaración Jurada de Patrimonio.

La Ley 311-14, en su artículo 5, establece que los funcionarios públicos obligados a declarar tienen que presentar, dentro de los 30 días siguientes a su toma de posesión, la declaración jurada de los bienes que constituyen su patrimonio y el de la comunidad conyugal. Pero esta pieza legislativa es incumplida por muchos funcionarios, tal es el caso de los gobiernos locales.

La Cámara de Cuenta emitió un informe de consulta para los niveles de incumplimiento de la declaraciones juradas de los funcionarios.

Gobiernos locales

Según los informes oficiales, en las elecciones municipales de febrero del 2024, fueron electos y reelectos 158 alcaldes, de los que solo 32 presentaron declaración jurada en el período correspondiente, y 126 no lo han presentado e incumplieron la ley al no presentarla en el plazo establecido, ya que el factor común fue “en atraso”.

Asimismo, de 158 vicealcaldes y vicealcaldesas, 17 realizaron la presentación de patrimonio y 141 no lo han cumplido. Mientras que de 1,169 regidores electos, un total de 1,046 permanecía sin realizar la Declaración Jurada de Patrimonio.

Pero existe un grupo que hace más alarmante la situación. Los funcionarios que terminaron su gestión, el 98% no hizo la debida presentación a la Cámara de Cuentas. Mientras que los ex vicealcaldes y exregidores todos salientes presentan un 100% de incumplimiento.

Incumplimiento

Esta violación a las normativas de transparencia y responsabilidad pública, pone en evidencia que los funcionarios del cuatrienio anterior que recién han acabado de pasar han tomado a la ligera la obligación legal de presentar dichas declaraciones.

La Ley 311-14 en su Artículo 14 habla de las sanciones por omisión de declaración y establece que el servidor público en funciones que esté obligado a presentar declaración jurada de su patrimonio y no obtempere dentro del plazo establecido u omitiere algún bien, incurrirá en faltas graves que pueden conllevar sanciones, tales como: multas, inhabilitación para ocupar cargos públicos, procesos judiciales por enriquecimiento ilícito, si se detectan irregularidades o inconsistencias.

Para hacer frente al incumplimiento, la Cámara de Cuentas emitió una circular dirigida a los gobiernos locales, donde notificaba la suspensión del pago de remuneraciones.

La falta de reporte de patrimonio no solo suscita inquietudes sobre la integridad y la transparencia en la administración pública. También pone en cuestionamiento el compromiso de estos funcionarios con las leyes establecidas para prevenir la corrupción. .