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La Fiscalía de Venezuela está tramitando una orden de captura contra el presidente de Argentina, Javier Milei, quien abrió una investigación por el «robo» del avión venezolano-iraní que estuvo retenido en Buenos Aires desde junio de 2022 y enviado a Estados Unidos en febrero. Informó este miércoles el fiscal general, Tarek William Saab.
Según Saab, se ha abierto una «averiguación» y se han asignado dos fiscales especializados para avanzar en el caso. Además de Milei, también se están tramitando órdenes de aprehensión contra Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de Argentina, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del país austral.
Las declaraciones fueron transmitidas por el canal estatal VTV, donde Saab afirmó que «en las próximas horas, se tomarán medidas en un tribunal competente en Venezuela con las respectivas órdenes de aprehensión. Ya que estos actos no pueden quedar impunes».
Delitos alegados contra la avioneta
Saab explicó que el avión, que fue «totalmente desmantelado» en Estados Unidos, está vinculado a varios delitos, según la legislación venezolana. Incluyendo robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir.
Derechos humanos y acusaciones
El fiscal también anunció la designación de un fiscal especializado en derechos humanos para investigar a Milei y Bullrich por «acciones contra el pueblo argentino». Saab sugirió que podrían estar involucrados en graves violaciones de derechos humanos, potencialmente constituyendo crímenes de lesa humanidad.
Además, Saab calificó a Milei como un «fascista» y «neonazi», acusándolo de aplicar un «programa de violencia institucional premeditado» contra la población argentina. El fiscal describió al presidente argentino como «el violador de derechos humanos más feroz del continente» y un «peligro brutal para todo el hemisferio».
Reacción internacional
Este mes, la Cancillería Argentina instó a la Corte Penal Internacional (CPI) a emitir una orden de detención contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y «otros líderes del régimen», citando el agravamiento de la situación tras las elecciones presidenciales en Venezuela el 28 de julio.
Con información de EFE.
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