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Santo Domingo. – Más de 2500 casos judiciales se desvanecieron en un limbo legal en la República Dominicana entre 2019 y 2023, liberando a presuntos delincuentes sin juicio ni sentencia. Esta situación ocurre por la demora judicial que provoca que el tiempo se convierta en el aliado silencioso de los criminales.
El programa Reporte Especial con Julissa Céspedes solicitó a la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública del Poder Judicial los datos de casos como asociaciones de malhechores, malversación de fondos públicos, secuestros, robos, homicidios, delitos sexuales, narcotráfico y otros que por la extinción del vencimiento del plazo han quedado sin resolver, dejado un rastro de impunidad.
Las estadísticas del Poder Judicial sobre casos cerrados por extinción del plazo muestran una tendencia al alza representando un incremento del 75% en cuatro años. En 2019 se registraron 454 casos, en 2020 cayó a 209, para el 2021 los números se dispararon con 524, mientras que 570 se reportaron en 2022, y en el 2023 se alcanzó una cifra récord con 796 casos.
La justicia dominicana parece haberse vuelto lenta y por ese transcurrir del tiempo, se cierran casos sin decisión sobre culpabilidad o inocencia del acusado.
Cierre de expedientes
Según el Poder Judicial, en los últimos cuatro años, un promedio de 600 casos anuales ha sido cerrados por vencimiento de plazos. Lo que significa que cada 17 horas, un presunto delincuente es liberado sin que se haya determinado su culpabilidad o inocencia. Con esto se obliga a los tribunales a liberar a imputados cuyos casos quedan atrapados en el laberinto procesal.
Detrás de cada expediente cerrado por vencimiento de plazo se esconde una crisis del sistema judicial dominicano, que parece colapsar bajo el peso de su propia burocracia.
El abogado penalista, Miguel Valerio, sostuvo que ese retraso judicial provoca frustración e impunidad, porque evidentemente el sistema de justicia penal falló. Además, dijo que cuando eso ocurre es una sanción al juez que dejó que el tiempo legal de un proceso finalizara sin una decisión.
“Hay sentencia de la Corte Interamericana que dice que si los aplazamientos, si no se trata de un caso normal, y los aplazamientos se deben a una conducta inadecuada de los abogados, de los imputados o del imputado, evidentemente de que eso no se le puede sumar a las víctimas ni al Ministerio Público”
Miguel Valerio, abogado penalista
La tragedia de estos expedientes extintos no radica solo en su número, sino en el vacío de responsabilidad que dejan atrás. Se trata de un fenómeno que no solo borra nombres y expedientes de los registros judiciales, sino que también dibuja un panorama de impunidad.
Mecanismo Legal
La extinción por vencimiento del plazo es un mecanismo legal que pone fin a un proceso penal cuando se exceden los tiempos establecidos para su resolución.
El Código Procesal Penal, en su artículo 44, establece 13 causas de extinción de la acción penal, entre las que se incluye muerte del imputado, amnistía, abandono, criterio de oportunidad, vencimiento del plazo máximo de duración del proceso y del procedimiento preparatorio, entre otros.
En la República Dominicana, la Ley No. 76-02 que establece el Código Procesal Penal instruye los plazos específicos para cada etapa del proceso judicial penal. La investigación preparatoria, según el artículo 150, debe concluirse en un máximo de tres meses para casos simples y hasta ocho meses para casos complejos.
Una vez finalizada la investigación, el Ministerio Público tiene entre 10 días para presentar la acusación, y la audiencia preliminar debe fijarse dentro de 10 ó 20 días, como lo indica el artículo 298.
El juicio de fondo, de acuerdo con el artículo 305, debe iniciarse dentro de los 15 ó 45 días siguientes al auto de apertura. Para las apelaciones, el artículo 412 otorga a las partes un plazo de 5 días para interponer recursos a partir de la notificación de la sentencia.
La extinción de la acción penal está regulada por el Código Penal, que establece que la duración máxima de todo proceso en materia penal es de cuatro años, contados a partir del inicio de la investigación. Este plazo solo se puede extender por seis meses en caso de sentencia condenatoria, a los fines de permitir la tramitación de los recursos.
Los retrasos judiciales pueden impedir la impartición de justicia en casos de presunta corrupción de alto perfil, dejando sin resolver acusaciones graves.
Casos Extinguidos
La venta irregular de los terrenos del barrio Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, inició con medidas de coerción en julio de 2018.
El 22 de abril de 2024, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró la extinción de la acción penal contra 17 imputados. Este caso incluía al exdirector de Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), Leoncio Almánzar, y otros funcionarios y empresarios.
Decisión fundamentada por el vencimiento del plazo máximo establecido para los procesos penales. A pesar de la magnitud del caso que involucraba la venta ilegal de 4 millones de metros cuadrados de terreno estatal, con un potencial beneficio ilícito de 5,000 millones de pesos.
Otro caso que ilustró las consecuencias de los retrasos judiciales fue el de los aviones Super Tucano, proceso que comenzó el 17 de agosto de 2016 con la imposición de medidas de coerción por el supuesto pago de sobornos de la compañía brasileña Embraer durante la venta de ocho aeronaves que República Dominicana adquirió en 2008.
El proceso judicial duró siete años y once días, excediendo el plazo máximo de cuatro años establecido en el Código Procesal Penal. Los jueces determinaron que no hubo dilaciones indebidas por parte de los imputados.
Las acusaciones de corrupción eran por 3.5 millones de dólares contra el exministro de Defensa, Pedro Rafael Peña Antonio. Además, el coronel Carlos Piccini Núñez, el empresario Daniel Aquino Hernández, y las empresas 4D Business Group y Magycor. La extinción se produjo antes de que pudiera comenzar un nuevo juicio.
Estadísticas
De los 2,553 casos extinguidos por vencimiento de plazo en los últimos cuatro años, 2,421 corresponden a las siguientes instancias y procedimientos penales:
El primer lugar lo ocupan 859 casos por asuntos jurídico-administrativos, 822 en audiencias preliminares, 311 en acción pública, y 105 en las medidas de coerción. Mientras que 103 en las solicitudes generales, 73 en la revisión de medidas de coerción, 51 en la acción privada. También 39 en la revisión de la medida de oficio, 32 por procedimientos contenciosos y finalmente 26 en recursos de apelación.
Entre 2019 y 2023, 12 distritos judiciales se destacaron por el número de casos penales que quedaron sin resolución debido al vencimiento de los plazos.
Santo Domingo encabezó la lista con 305 expedientes cerrados, seguido por el Distrito Nacional con 221 casos, Espaillat registró 181. Mientras que San Cristóbal contabilizó 179, seguido de La Vega con 177, Santiago con 163 procesos judiciales.
Continuando con la distribución geográfica, La Altagracia y La Romana reportaron 155 casos cada uno, seguido por 148 de Montecristi. Mientras la provincia Duarte contabilizó 112, y cerrando la lista se encuentra San José de Ocoa con 105 y Monseñor Nouel con 104.
Homicidio y Narcotráfico
Según datos del Poder Judicial, en los últimos cinco años se han engavetado al menos 87 casos de homicidio. Estos incluyen 10 en 2019, 10 en 2020, 48 expedientes en 2021, 17 en 2022 y 2 en 2023.
Los distritos judiciales también cuentan historias: La Vega encabeza la lista de provincias con más casos de homicidios extintos, con 21 expedientes archivados; le siguen de cerca Espaillat con 17, La Romana con 11, y tanto Santo Domingo como el Distrito Nacional con 8 y 7 expedientes respectivamente, que se han perdido en el laberinto legal.
No solo los casos de homicidios se escapan de la justicia, sino que personas señaladas por narcotráfico o posesión de drogas, en los últimos cinco años, un total de 252 casos relacionados con la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas se han extinguido debido a plazos vencidos y procesos estancados.
El año en que más presuntos violadores de la Ley de Control de Drogas quedaron libres por el vencimiento de los plazos fue en 2021, con 83 casos extintos. En 2019, se extinguieron 69 casos, seguido de una disminución en 2020 con 38 casos perdidos. En 2022, se archivaron 58 expedientes, y el 2023 cerró con solo 3 casos perdidos.
Los casos de drogas archivados por el vencimiento de los plazos dibujan un mapa: Montecristi ocupa el primer lugar con 53, seguido de La Vega con 28. Monseñor Nouel contabilizó 21, mientras que el Distrito Nacional y La Romana comparten el cuarto lugar con 18 casos cada uno.
Luego le sigue El Seibo y Espaillat con 17 expedientes extintos cada uno, San Cristóbal y Santo Domingo con 16 casos por distrito, mientras que San Pedro de Macorís cierra este recuento con 12 casos.
Violencia Intrafamiliar
Conforme las estadísticas del Poder Judicial, en los últimos cinco años, 200 casos de violencia intrafamiliar se han desvanecido en los laberintos de la justicia dominicana, en la que los presuntos agresores no enfrentaron las consecuencias de sus actos.
La extinción de casos de violencia intrafamiliar ha trazado una trayectoria empezando con 17 casos archivados en 2019, cifra que aumentó a 18 en 2020. El 2021 marcó un pico con 70 expedientes, al año siguiente 2022 se extinguieron 36, y finalmente en el 2023 descendieron a 9.
El distrito judicial de La Vega lidera con 44 casos extintos, seguida por San Pedro de Macorís con 31 expedientes archivados, Santo Domingo en tercer lugar con 22, la provincia Espaillat con 13, luego Montecristi, Santiago y la Romana con 12 cada uno, y el Distrito Nacional con 11.
Casos de robos
A esta lista se suman los casos de robos que han dejado a las víctimas sin justicia y a los presuntos delincuentes sin consecuencias. Se contabilizan al menos 315 expedientes extintos en los últimos 4 años, comenzando con 44 casos archivados en 2019, 18 en el año 2020, 83 en 2021, 41 en 2022 y 16 en 2023.
Las provincias más propensas a dejar que los casos de robo caduquen: Santo Domingo encabeza esta lista con 62 casos extintos, seguido muy de cerca por Santiago con 60. Estos dos distritos, que albergan las ciudades más pobladas del país, acumulan casi el 40% de todos los casos perdidos.
El Distrito Nacional y La Vega comparten el tercer lugar, cada uno con 33 casos, seguido de la provincia Espaillat con 25, La Romana con 21, La Altagracia con 20, Puerto Plata registra 11 casos extintos, mientras que en Azua han caducado 9.
