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Artículos de nueva ley son inconstitucionales y vulneran derechos fundamentales
El Candidato a Senador por el PRSC-FNP Vinicio Castillo Semán pidió al presidente Luis Abinader enviar una enmienda legislativa al Congreso de la nueva Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que suprima y corrija los artículos cuestionados por inconstitucionalidad, ya que vulneran derechos fundamentales, tal y como han pedido la sociedad dominicana de diarios, las empresas telefónicas y diversos sectores de la vida nacional
En ese sentido, el candidato a senador se refirió al diputado Omar Fernández y a la bancada de la Fuerza del Pueblo en el congreso, que ahora critican la referida ley, a pesar de que no dieron la voz de alerta ni objetaron la misma cuando fue aprobada en la Cámara de Diputados.
“La intención del Presidente y del director del DNI de dotar al país de una nueva legislación del DNI está inspirada de buena fe y la ley en sentido general es positiva, salvo algunos artículos cuestionados por ser inconstitucionales, ya que cualquier actuación del DNI siempre debe tener el filtro de autorización de los jueces del debido proceso, fundamental para preservar el estado de derecho. Igualmente, no puede constituir infracción alguna el hecho de que ciudadanos se nieguen a dar información requerida por el DNI; siempre será un derecho constitucional negarse a declarar ante cualquier institución, como ocurre frente al ministerio público y a los jueces en los procesos judiciales; eso no puede constituir infracción. Esos aspectos pueden corregirse rápidamente enviando una enmienda legislativa sobre los artículos cuestionados”, expresó el también exdiputado Castillo Semán.
El candidato reformista siguió indicando que: “Hoy hay un director civilista, decente y correcto al frente del DNI, pero en el futuro pueden llegar incumbentes que usen los poderes de la nueva ley para perseguir opositores, para acosar a la prensa, o presionar empresarios. Otorgarle poderes al DNI o a cualquier organismo de Inteligencia para la seguridad nacional, siempre tiene que estar acompañado de las garantías judiciales que eviten abusos y excesos en la aplicación de dichos poderes”.
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