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Decenas de víctimas del fraude inmobiliario que habrían cometido el empresario Emmanuel Rivera Ledesma y otras seis personas, realizaron encendido de velas la noche de este jueves frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Esto mientras se espera que el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Roberto Sena, emita el fallo de la solicitud de medida de coerción a los imputados.
El monto de la estafa supuestamente cometida Ledesma y compartes asciende a más de ocho millones de dólares. Así lo establece el documento acusatorio preparado por el Ministerio Público en la operación Nido.
Dispuesto a devolver dinero
El principal acusado, Emmanuel Rivera Ledesma, quiere devolver todo el dinero entregado por sus clientes para la compra de apartamentos, según su abogado Félix Portes.
En un plazo de seis a nueve meses, Rivera Ledesma cumpliría devolviendo altas sumas de dinero en dólares y pesos a los querellantes.
Félix Portes, aseguró que entre octubre y diciembre del pasado año el imputado devolvió un estimado de 600 mil dólares.
Entre los siete acusados en la operación Nido, hay dos hijos, la esposa y una hermana del principal imputado Emmanuel Rivera Ledesma.
Implicados en supuesta estafa inmobiliaria
La investigación del órgano persecutor, en la que se imputan a Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García. Como también, otros acusados en los que están Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López y las personas jurídicas Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos, Indisarq y CRD Equipos Pesados, SRL, RNC. Se indica que la mayoría de los afectados son personas trabajadoras que con sacrificios aportaron importantes cantidades de dinero para adquirir una vivienda que nunca recibieron.
El Ministerio Público indicó que, a raíz de la investigación, el imputado Emmanuel Rivera Ledesma inició una serie de maniobras. Estos acontecimientos fueron con el objetivo de que las víctimas no se querellaran en su contra o retiraran las querellas ya presentadas.
También buscó que las víctimas le firmaran nuevos contratos e hicieran otras acciones tendentes a obstruir el proceso de investigación. Este hecho evidencia que el imputado y otros miembros de la red deben cumplir una medida de coerción que les impida destruir evidencias. En ese sentido, citaron que son una amenaza clara para las personas que engañaron.
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