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Poder Ejecutivo emite decreto para perseguir invasiones a la propiedad privada y del Estado

¿Quieres resumir esta noticia? Resumir Preparando el resumen… Resumen Puntos clave Preguntas frecuentes Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores. Santo Domingo, RD.- Mediante el decreto 668-22 el presidente Luis Abinader dispuso una serie de medidas para prevenir y perseguir las invasiones y ocupaciones irregulares de la propiedad privada […]

Juan Ulises De La Cruz Lluberes
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Santo Domingo, RD.- Mediante el decreto 668-22 el presidente Luis Abinader dispuso una serie de medidas para prevenir y perseguir las invasiones y ocupaciones irregulares de la propiedad privada y del Estado, entre estas la creación de una unidad especializada en la Policía Nacional para la persecución de estos delitos.

El jefe de Estado mediante el decreto 668-22 dispone que la Policía Nacional establezca una unidad especializada para la prevención y persecución de las invasiones y ocupaciones irregulares de la propiedad privada y del Estado.

Asimismo, instruye al ministro de Interior y Policía y al director general de la Policía, proceder con la persecución y sometimiento a la justicia de extranjeros que participen en ocupaciones ilegales de terrenos de propiedad privada o propiedad del Estado.

En caso de que se compruebe que ciudadanos extranjeros incurran en ese ilícito, corresponde al director general de Migración ejecutar su expulsión del país.

Además, impedir de manera definitiva que esas personas ingresen nuevamente a territorio nacional, lo que deberá notificarse a los consulados correspondientes a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asimismo, el Poder Ejecutivo dispone que este ministerio instruya a los consulados dominicanos en los países de origen de los extranjeros que incurran en esa violación, a establecer un registro para que esos ciudadanos no puedan optar por ningún tipo de visado o permiso de entrada a la República Dominicana.

El decreto destaca que es de alto interés para la presente Administración la preservación de la seguridad nacional y el orden público, así como la protección del derecho de propiedad consignado en el artículo 51 de la Constitución de la República.

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