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Santo Domingo, RD.- El Código Procesal Penal de la República Dominicana arribo a sus 20 años de haber sido promulgado, una pieza que cambió la estructura y los procedimientos judiciales; pero que hoy día enfrenta retos importantes para cumplir su objetivo de celebrar procesos judiciales respetando los derechos fundamentales.
El 27 de septiembre de 2002 se promulgó el Código Procesal Penal que puso fin al Código de Procedimiento Criminal que se utilizó en el país desde la fundación de la República para judicializar a los infractores de la Ley.
Con la legislación se pasó de un juez que investigaba y valoraba los hechos a un tercero imparcial, se crearon tribunales colegiados en primera intención y se establecieron garantías para los derechos de los imputados.
Sin embargo; 20 años después, a quienes le tocó elaborar e implementar la pieza que llegó revestida de garantías entienden que una cosa es el texto y otra la realidad.
Una de las mayores críticas, en la que coinciden los actores del sistema de justicia, es que pese las diferentes opciones de resolución de conflictos que brinda el Código Procesal Penal hoy día la judicialización y la prisión son mayores.
Además, pese a que la legislación cuenta con plazos para la judicialización de los casos, su cumplimientos siguen evitando una justicia oportuna.
Para algunos ya es tiempo de una nueva modificación y para otros es deficiente con que el Ministerio Público y el Poder Judicial se comprometan con la normativa existente. Lo cierto es que la justicia sigue siendo tediosa y los ciudadanos cada vez tienen menos esperanzas en ella.
Por Jonan González
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