Jueza autoriza 15 allanamientos en la continuación de operación Antipulpo

Santo Domingo RD.- La jueza Kenya Romero autorizó 15 allanamientos a viviendas y negocios en la continuación de la Operación Antipulpo.

Estos allanamientos involucran en un supuesto entramado de corrupción y lavado de activos a Juan Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez, ambos hermanos del expresidente Danilo Medina.

Mediante resolución del 1 de septiembre, la jueza de instrucción autoriza al Ministerio Público a allanar varios domicilios que son:

De Wilfredo Antonio Ramírez Sánchez, Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, Wander Méndez Rodríguez, Wilfredo Arturo González Castillo y Víctor Matías Encarnación.

También las residencias de Máximo Suárez Baba, Fulvio Antonio Cabreja Gómez, Carlos José Alarcón Veras, Rigoberto Alcántara Batista, Olguín Marte y Víctor Kelin Santiago Germán Santiago.

También se autorizar allanar la residencia de Antonio Florentino Méndez, Sonia Betsaida Domínguez Báez y Pedro María de la Cruz, así como la empresa YHWH Energy Trust SRL, ubicada en Bonao.

De acuerdo con el documento al que tuvo acceso CDN, la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), tiene un plazo de 15 días para realizar las requisas.

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Procuraduría realiza más de 20 allanamientos vinculados al caso Antipulpo

El Ministerio Público ejecutó el miércoles más de 20 allanamientos en diferentes lugares del Distrito Nacional.

Vinculados al entramado de corrupción y lavado de activos encabezado por Alexis Medina Sánchez.

Mientras tanto las investigaciones se llevaron a cabo en la provincia Monseñor Nouel.

De forma similar los allanamientos fueron realizados por fiscales de la Pepca.

En ese sentido el procurador adjunto Wilson Camacho, y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, encabezada por la procuradora Yeni Berenice Reynoso.

La operación Antipulpo, que mantiene abiertas nuevas líneas de investigación, develó a finales de 2020 un entramado societario.

El cual se valió del tráfico de influencia para establecer relaciones contractuales con instituciones del Estado.

A través de las cuales sustrajo miles de millones de pesos del erario, en montos que siguen en aumento en la medida que se incorporan nuevas evidencias.