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Dictan dos años de prisión a hombre acusado de estafa en provincia Duarte

¿Quieres resumir esta noticia? Resumir Preparando el resumen… Resumen Puntos clave Preguntas frecuentes Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores. El condenado vendió una porción de terreno que no le pertenecía DUARTE.- La Fiscalía de la provincia Duarte de la mano de la Cámara Penal dicto sentencia contra Flavio Manuel […]

Lucía Montes de Oca Zimbrón
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El condenado vendió una porción de terreno que no le pertenecía

DUARTE.- La Fiscalía de la provincia Duarte de la mano de la Cámara Penal dicto sentencia contra Flavio Manuel Olivo Peña, acusado de estafa por vender por un millón de pesos un terreno que no le pertenecía.

La sentencia establece dos años de prisión, uno de ellos que Olivo deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, de San Francisco de Macorís, y el segundo en modalidad suspendida, con la condición de realizar un trabajo de utilidad pública. Esta es la pena máxima para este tipo de delito.

El tribunal también ordenó el pago de RD$1,300.000, llevados al valor actual, por daños y perjuicios, así como trescientos mil pesos en efectivo en favor de la víctima por daños morales, y el pago de los gastos del procedimiento.

Sobre el caso, el expediente establece que Flavio Manuel Olivo Peña, mediante acto de venta de fecha 29 de enero de 2011, le vendió a Alberto Reyes Concepción, por un millón de pesos, una porción de terreno de 388 metros cuadrados en la urbanización Neftalí II del municipio San Francisco de Macorís, justificada mediante la constancia anotada identificada con la matrícula 1900031234.

Señala que, posteriormente, cuando el comprador intentó hacer el deslinde, determinó que dicho inmueble había sido traspasado a una entidad bancaria y que no pertenecía al encartado, lo cual implica que el imputado recibió de mala fe la indicada suma de dinero.

La investigación del caso fue realizada por el fiscal Arturo Vélez, mientras que la litigación estuvo a cargo del fiscal Eduardo Lora Terrero.

El Ministerio Público demostró con suficientes pruebas que el acusado violó el artículo 405 del Código Penal Dominicano.

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