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La Justicia británica deniega al Gobierno de Venezuela la devolución de las 31 toneladas de oro para la compra de alimentos y medicinas

¿Quieres resumir esta noticia? Resumir Preparando el resumen… Resumen Puntos clave Preguntas frecuentes Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores. Para el Reino Unido, según el juez, Juan Guaidó es «inequívocamente» el «presidente interino constitucional» del país sudamericano Inglaterra.-El Tribunal Superior británico ha decidido este jueves que es el líder […]

Redacción CDN
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Para el Reino Unido, según el juez, Juan Guaidó es «inequívocamente» el «presidente interino constitucional» del país sudamericano

Inglaterra.-El Tribunal Superior británico ha decidido este jueves que es el líder opositor venezolano Juan Guaidó, y no el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien puede acceder a las 31 toneladas de oro, valoradas en más de 1.000 millones de dólares, que se encuentran retenidas en el Banco de Inglaterra.

Para el Reino Unido, según el juez Nigel Teare, Juan Guaidó es «inequívocamente» el «presidente interino constitucional» del país sudamericano y es su administración «ad hoc» la que puede acceder a estas reservas de oro.

La decisión de Teare se produce tras una disputa por estos recursos después de que el Banco Central de Venezuela (BCV), presidido por Calixto Ortega, presentara el pasado 14 de mayo una demanda en contra del Banco de Inglaterra con el fin de obtener y vender los lingotes venezolanos, para transferir los recursos al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y así adquirir alimentos y medicinas necesarios para el país caribeño en medio de la pandemia.

De esta forma, ni la oposición ni la comunidad internacional acusaría al Gobierno de Maduro de querer usar el dinero para otros propósitos. «Cada minuto y hora que pasa significan personas que pueden perder la vida por el virus, y Venezuela requiere de sus recursos», insistió al respecto la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

Sin embargo, el Banco de Inglaterra alegó que no sabía quién era el legítimo dueño del oro venezolano. Por ello, Teare decidió que primero debía aclararse quién era su representante legítimo, para luego debatir su entrega. Ahora, esta decisión podría abrir la puerta a que Guaidó se apropie también de otros recursos retenidos en diversos bancos extranjeros.

Una disputa que se remonta a 2018

El acceso a las reservas de oro ya fue denegado en el año 2018, cuando el Gobierno de Maduro, en medio de las crecientes sanciones internacionales, le pidió al Banco de Inglaterra liberar el oro que guardaba bajo sus bóvedas. Pero en enero del 2019, está solicitud fue denegada. En ese entonces, el banco alegó que el primer ministro británico, Boris Johnson, solo reconocía a Guaidó como mandatario legítimo, después de que el parlamentario opositor se autoproclamara en una plaza.

Con ese reconocimiento, Guaidó designó como representante legal en el extranjero a José Ignacio Hernández y solicitó a la entonces primera ministra Theresa May, y a las autoridades del Banco de Inglaterra, que se negaran a entregar los lingotes al gobierno de Maduro, alegando que «se usaría con fines corruptos».

¿Qué hace el oro venezolano en Londres?

Durante décadas, Venezuela ha almacenado oro que forma parte de las reservas del BCV en bancos extranjeros, tanto en Europa como en EE.UU., una práctica muy común en naciones pequeñas, como una forma de protección y resguardo económico.

En 2011, el entonces presidente Hugo Chávez repatrió cerca de 160 toneladas de oro, argumentando la necesidad del país de tener el control físico de los activos.

Pero el oro que Venezuela tenía en el Banco de Inglaterra, y que hoy es objeto de la disputa, se quedó en las bóvedas de la institución británica, donde reposan las reservas de al menos 30 países del mundo, pues Londres es conocida como el centro mundial del comercio de este metal precioso.

Un Banco Central no puede, una vez que tiene una reserva de oro, quedársela o no devolvérsela a su legítimo dueño, a menos que exista un incumplimiento a las condiciones establecidas en el contrato. Pero ese no es el caso de Venezuela.

Fuente : FT.

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