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Las «ciudades santuario» se niegan a informar al gobierno del estatus migratorio
El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, encabezó este lunes la conferencia de prensa de la Casa Blanca para anunciar acciones contra las llamadas “ciudades santuario”.
Sessions expresó que aquellas ciudades y jurisdicciones que se resistan a cumplir con lo que estipula la ley, en cuanto a la protección de inmigrantes indocumentados que han cometido crímenes, podrían ver afectado su acceso y elegibilidad para fondos federales del departamento de Justicia.
“No deportar a los extranjeros que han sido condenados por delitos pone a las comunidades enteras en peligro, especialmente a las comunidades de inmigrantes en las mismas jurisdicciones que tratan de proteger a los perpetradores«, indicó Sessions.
En sus declaraciones Sessions manifestó que el departamento de Justicia podría suspender y hasta potencialmente cancelar los fondos para las llamadas ciudades santuario y otras localidades que no cumplan con las leyes federales de inmigración.
Sessions agregó que una de las oficinas del departamento de Justicia esperaba entregar más de $4.1 mil millones de dólares en fondos durante el presente año fiscal.
Las llamadas «ciudades santuario» son lugares donde las autoridades locales no arrestan ni detienen a los inmigrantes que viven ilegalmente según leyes federales (tales como Austin, en Texas, o Los Ángeles, en California).
Las subvenciones del Departamento de Justicia incluyen fondos para el entrenamiento de la policía local y partidas económicas para la adquisición de nuevo equipo, como cámaras corporales que los agentes llevan en sus uniformes.
El presidente de EEUU, Donald Trump, firmó en enero una orden ejecutiva para resucitar los programas de cooperación entre la policía local y las autoridades migratorias y para interrumpir la concesión de ciertos fondos federales a las llamadas «ciudades santuario«, definición que incluye unas 200 urbes, condados y otras jurisdicciones en EEUU que protegen de la deportación a inmigrantes.
Las «ciudades santuario» se niegan a informar al gobierno del estatus migratorio de sus detenidos para evitar su deportación.
Con información de Voz de América e Infobae
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