Las víctimas eran en su mayor parte defensores del medio ambiente
Las leyes antidrogas y de seguridad nacional en Filipinas ha resultado en el asesinato, detenciones arbitrarias y el vilipendio de miles de personas, en una serie de abusos que continúan en la actualidad, denunció hoy la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet.
«También hemos encontrado casi total impunidad, lo que apunta a la falta de voluntad del Estado para sancionar a los responsables de ejecuciones extrajudiciales. Las familias de las víctimas se sienten desprotegidas», dijo Bachelet al informar al Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la situación que su oficina ha constatado en ese país.
A la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que dirige la expresidenta de Chile se le encargó hacer un seguimiento de la situación en Filipinas y para ello sus expertos se reunieron con los representantes del Gobierno de Rodrigo Duterte en Ginebra y Bangkok, ya que no se les permitió entrar a Filipinas.
Además de los graves abusos cometidos en la opereción de la lucha antidrogas, se documentó el peligro en el que viven los activistas filipinos, de los cuales 248 fueron asesinados entre 2015 y 2019.
Las víctimas eran en su mayor parte defensores del medio ambiente y de los indígenas, entre ellos abogados, sindicalistas y periodistas, que suelen ser llamados «terroristas».
En la misma sesión del CDH, pero por conexión remota, el ministerio de Justicia de Filipinas, Menardo Guevarra, afirmó que los cuatro años de campaña antidrogas del presidente Duterte gozan de «un amplio y fuerte apoyo popular» y aseguró que la policía tiene sus mecanismos internos para investigar excesos.
Guevarra no explicó el porqué no se autorizó la entrada al país de los colaboradores de Bachelet para poder hacer una evaluación directa de la situación.
Otro punto relevante de la presentación de la alta comisionada fue su análisis de la ley antiterrorista -aprobada recientemente por el Parlamento y pendiente de la firma de presidente Duterte-, que no distingue claramente entre lo que puede ser criminalidad, terrorismo y crítica al gobierno.
«La ley puede tener un efecto aterrador en los derechos humanos y en el trabajo humanitario, y dificultar el apoyo a comunidades marginadas. Pido al presidente que desista de firmar esa ley», dijo.
Fuente: EFE
