El Gobierno del presidente Alberto Fernández ordenó eliminar el uso de pistolas de electrochoque —conocidas como Taser— para los efectivos de Argentina, según la resolución publicada este martes en el Boletín Oficial.Argentina
En otras palabras, la nueva ministra de Seguridad, Sabina Fréderic, dispuso derogar los reglamentos para el uso de armas de fuego y las electrónicas, que habían sido lanzados por su antecesora, Patricia Bullrich, durante la Administración de Mauricio Macri.
Las actuales autoridades del país sudamericano sostienen que la norma anterior ampliaba «de manera significativa aquellas circunstancias que habilitan el uso del armamento letal por parte de los funcionarios de las fuerzas policiales», se lee en el texto. Y sobre las Taser, se sostiene que «la categorización como arma electrónica ‘no letal’ podría habilitar el uso indiscriminado».
También dice que las atribuciones dadas a los uniformados excedían las recomendaciones del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley, dispuesto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Por ello, Fréderic da un plazo de 30 días hábiles para que los referentes policiales elaboren un nuevo protocolo de actuación, y así garantizar la tranquilidad ciudadana.
Se cancela el Servicio Cívico Voluntario en Valores
Entre los principales cambios, también se destaca la suspensión del Servicio Cívico Voluntario en Valores, impulsado por el Ministerio de Seguridad bajo la dirección de Bullrich.
En cambio, el Gobierno de centroizquierda indica que todos los tópicos de ese servicio que se vinculen a «la educación, la salud y el bienestar, lo social y lo laboral», sean asumidos por las carteras correspondientes. Para eso, le ordena a la titular de la Unidad del Gabinete de Asesores de Seguridad que coordine con los otros ministerios las delegaciones pertinentes.
Asimismo, las fuerzas de seguridad argentinas ya no podrán pedir documentos de identificación de forma excesiva, como ocurrió en los últimos años. En su momento, aquella práctica fue cuestionada por organismos de derechos humanos, que lo relacionaban con la última dictadura militar. «Esta medida criminaliza a los trabajadores mediante un exceso de controles innecesarios e injustificados», argumentó Fréderic, quien también es antropóloga.
Fuente: RT
