El jurado popular declaró por unanimidad a Ana Julia Quezada culpable de asesinato con alevosía por la muerte de Gabriel Cruz, el hijo de ocho años de su entonces pareja, el 27 de febrero de 2018 en una finca apartada de Rodalquilar (Almería). Apreció así la tesis de la fiscal, Elena Fernández, que pide por este delito la condena a prisión permanente revisable.
También la consideran culpable, por unanimidad, de dos delitos de daños psíquicos a los padres del niño, Ángel Cruz y Patricia Rodríguez. También rechazó como circunstancia atenuante que Quezada actuara bajo los efectos de ansiolíticos, como alegaba su defensa.
26 horas y media han estado los miembros del jurado, siete mujeres y dos hombres, incomunicados en una pequeña habitación de la Audiencia Provincial de Almería y en su hotel para contestar las 142 preguntas que les ha formulado la magistrada de la sección segunda, Alejandra Dodero. Iniciaron sus deliberaciones a las 13.26 de este miércoles y han concluido sobre las cuatro de la tarde de este jueves, momento en que han entregado el acta a la magistrada. Así ha concluido un juicio de siete intensas jornadas en las que decenas de testigos y peritos han tratado de arrojar luz sobre una muerte que sacudió a toda España.
La juez inició la audiencia pública casi a las siete de la tarde de este jueves preguntando al jurado si ya tiene veredicto. Luego, la letrada de la Administración de Justicia, Isabel Bru, comenzó a leer las preguntas, a las que va contestando la portavoz del jurado. Está previsto que las partes intervengan al final para pedir las penas correspondientes a esos delitos.
La fiscal pide prisión permanente revisable por asesinato con alevosía, además de 10 años más por daños psíquicos a los padres del niño.
El abogado de la familia, que ejerce la acusación particular, Francisco Torres, pide también prisión permanente por asesinato con alevosía, aunque añadía la circunstancia agravante de ensañamiento, que no ha apreciado el jurado.
Además, solicita dos delitos de daños psíquicos a los padres y dos contra la integridad moral. La defensa alegaba que Quezada, una inmigrante de República Dominicana de 45 años, cometió un homicidio imprudente, por lo que solicitaba tres años de cárcel u homicidio doloso, que sería penado con 15 años de cárcel.
Fuente: El País
