Santo Domingo, RD.- El anteproyecto de ley sometido al Congreso por el procurador de la República para bloquear las señales telefónicas en cárceles del país, obligaría a las prestadoras del servicio a asumir el costo para la instalación y funcionamiento de dichos bloqueadores.
La propuesta de ley del procurador fue asumida por el presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, quien ya la introdujo.
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La propuesta contempla que el costo para la instalación de los inhibidores o bloqueadores de señal será responsabilidad las empresas que prestan el servicio, aspecto que podría convertirse en un escollo para la aprobación de la ley.
Una vez sea aprobada y publicada esta ley, las prestadoras telefónicas tendrán un plazo de hasta 45 días para presentar al Ministerio Público las soluciones técnicas para bloquear la señal.
La Procuraduría propone que instalen cabinas telefónicas para que los internos se puedan comunicar con el exterior y que esas llamadas serán monitoreadas.
De no cumplir con las obligaciones que les impone esta legislación, las telefónicas podrían ser sancionadas con multas de hasta 500 salarios mínimos del sector público o ser imputadas penalmente, según lo contemplado en el proyecto.
Por: Yarilis Calcaño
