Exigirá reparación por daño medioambiental
El Gobierno chileno presentará una denuncia ante el Consejo de Defensa del Estado para que ese organismo interponga una demanda de reparación por daño contra el Grupo CAP como responsable del derrame de 40.000 litros de diésel en aguas de la Patagonia el pasado sábado, según publica el diario español EL PAÍS, citando fuentes del Ejecutivo de Sebastián Piñera.
Según el medio, el intendente de Magallanes, José Fernández, y el representante del Ministerio de Medio Ambiente en la región, Eduardo Schiappacasse, llegaron este lunes a la zona para comprobar sobre el terreno los daños y las faenas de limpieza de la isla Guarello, 250 kilómetros al noroeste de Puerto Natales. Junto con iniciar las primeras indagaciones sobre las causas del vertido —que todavía no han sido clarificadas—, las autoridades verificarán si fueron 40.000 los litros del combustible que cayeron al océano —como ha trascendido en primera instancia— y si efectivamente se han logrado recuperar 15.000 litros de agua contaminada, en una zona de particular importancia para la comunidad Kawésqar, una cultura indígena milenaria.
«El Ministerio está recabando todos los antecedentes para iniciar una denuncia ante el CDE y ver la posibilidad de establecer una demanda por daño ambiental», confirmó esta tarde la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt. En paralelo, el senador de la oposición Guido Girardi, presidente de la comisión de Medio Ambiente del Senado, presentó una denuncia en el Centro de Justicia de la Región Metropolitana contra quienes resulten responsables del incidente.
La Armada inició este fin de semana una investigación sumaria administrativa marítima para indagar las causas del derrame. Mientras, la Superintendencia de Medio Ambiente —un servicio público descentralizado, pero estrechamente vigilado por el Ejecutivo– ayudará a investigar los hechos, pero no tiene atribuciones para castigar proyectos antiguos que no cuentan con resolución de impacto ambiental, como sucede con esta instalación del grupo CAP en la Patagonia.
El Gobierno ha llevado recientemente al Congreso un proyecto de ley que corrige este vacío legal y que entrega atribuciones a la Superintendencia de Medio Ambiente para prevenir daños ambientales, priorizar su reparación y sancionar con mayor dureza este tipo de incidentes.
Hasta ahora, las primeras informaciones apuntan a que se trató de un error humano por parte de un operario de la minera. “Un funcionario dejó abierta una llave para llenar un estanque de petróleo y se rebasó”, indicó el intendente de Magallanes antes de su viaje a la zona, un lugar de extracción pesquera donde solo se puede llegar por vía marítima. Según la ministra Schmidt, «no puede ser que una acción que pueda producir un daño ambiental severo quede bajo el cuidado de un solo operario».
Fuente: El País
