Los ciudadanos con más de 16 años quedan registrados automáticamente para votar
Más de ocho millones de cubanos están convocados a las urnas hoy para validar la nueva Constitución del país, la misma que ratifica el socialismo y el partido único como modelo político, pero a la vez inserta importantes mecanismos para la introducción de iniciativas de mercado en Cuba, así como reformas a la estructura gubernamental y al esquema de derechos de los ciudadanos.
Los cubanos deberán votar “Sí” o “No” a la siguiente pregunta: “¿Ratifica usted la nueva Constitución de la República?”.
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El gobierno realizó una intensa campaña a favor del “Sí”, la cual incluyó el uso sin obstaculos de los medios de comunicación y otras vías de propaganda pública, como el transporte masivo y las organizaciones de base. “#YoVotoSí”, ha sido la línea del mensaje, impulsada ferozmente desde la cúpula del Partido Comunista de Cuba (PCC).
Esa campaña no ha contado con una contraparte del mismo peso. Quienes defienden el “No” no han encontrado estructura oficial alguna para presentar su propuesta opositora y han tenido que recurrir a las redes sociales o al rumor popular para instalar sus mensajes.
La principal argumentación de quienes apuntan al “No” se basa en que la votación es una oportunidad única para medir el apoyo del pueblo al sistema de gobierno cubano, por ello su estrategia ha sido impulsar que las autoridades cubanas no consigan acumular la fórmula de “50 por ciento más uno” necesaria para aprobar el proyecto.
Según la Constitución vigente, la mitad más uno de los ocho millones de votantes registrados deben marcar “Sí” para que la nueva Carta Magna sea aprobada, o sea, no la mayoría simple de los que voten, sino la mayoría simple de los votantes registrados.
Los ciudadanos con más de 16 años quedan registrados automáticamente para votar, un derecho que se retira a quienes abandonan el país por más de dos años o no cumplen con ciertos requisitos, como ser convicto de delito, ser incapacitado mental, entre otros.
No se ha ofrecido la cifra oficial final de los electores registrados, sólo se maneja que son “más de ocho millones” de los 11.5 millones de habitantes en la isla, por lo que para que la Constitución sea aprobada el gobierno debe contar con cuatro millones y medio de votos a favor del “Sí”.
Alcanzar esa cifra les será bastante simple, pues el gobierno, a través de organizaciones de base, como los Comité de Defensa de la Revolución (CDR), tiene una capacidad extraordinaria de movilización.
La preocupación principal entre las autoridades va dirigida en cuán amplio será ese apoyo. El gobierno cubano está acostumbrado a sólidos niveles de participación y apoyo electoral, que en la mayoría de los casos supera el 95%, por lo que una baja participación o una alta tasa de invalidaciones en las papeletas podría ser parte de un mensaje de rechazo.
Los opositores, que incluyen a los llamados “disidentes” y a dirigentes religiosos, impulsan, por lo bajo, a abstenerse, dejar la papeleta en blanco, anular la boleta o votar directamente por el “No”, como su forma de protesta, pues cualquier cosa que no sea “Sí”, se convierte automáticamente en un “No”.
“Este 24 de febrero se hace patente el rechazo del pueblo cubano al sistema impuesto por el Partido Comunista de Cuba”, escribió en las redes sociales la opositora Rosa María Payá, hija dirigente disidente Orlando Payá.
Los opositores han reclamado que se han dado decenas de arrestos de ciudadanos que apoyan el “No” y han expresado su preocupación por la transparencia del proceso.
“La misma como institución que organiza los procesos electorales en Cuba tiene la obligación de construir condiciones de competitividad y transparencia en la que todos los ciudadanos podamos ejercer libremente nuestro voto y elegir por la opción de nuestra preferencia sin presiones, sin miedo y de manera secreta. Los agentes del Estado no deben ni pueden ser una barrera que impida el desarrollo de la observación ciudadana. Exhortamos a la comunidad internacional que a través de los medios ya que no les fue permitida la observación vigilen que las y los cubanos podamos ejercer en condiciones de seguridad nuestra elección”, dijeron los Observadores de Derechos Electorales (ODE) y la Asociación Cubana de Observadores Electorales (ACOE), organismos independientes en Cuba en un comunicado de prensa.
Estados Unidos, que ha asumido una posición de colisión directa con Cuba desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, criticó el ejercicio electoral, porque representa una “restricción de la expresión, estancamiento económico, condiciones laborales injustas, acceso limitado a la información y censura artística”.
En un escrito compartido por la Embajada de Estados Unidos en Cuba, el Departamento de Estado expresó que “aunque este año se recuerda el 60 aniversario de la Revolución Cubana, los ciudadanos de esa pequeña nación socialista siguen esperando que el gobierno cumpla las promesas que hizo en 1959. Una nueva constitución que será presentada ante un referéndum exhaustivamente examinado el 24 de febrero puede ser que aún frene más sus derechos”.
Además de la oposición política, el proyecto constitucional enfrenta un serio desafío entre la comunidad religiosa del país, principalmente los cristianos, que ven en la nueva Constitución una puerta abierta al matrimonio gay, con el que no están realmente contentos.
Las iglesias han levantado una oposición sin precedentes y sostenido su insatisfacción con una Carta Magna que entienden atenta contra sus valores religiosos, y la composición familiar.
Así, las autoridades cubanas intentan convencer a la opinión pública argumentando las bondades del proyecto y centrando la discusión en temas prácticos del día a día y no en el debate del unipartidismo, el voto presidencial o el matrimonio gay.
El gobierno asegura, lo cual es visto con simpatía por la mayoría de la población, que el nuevo orden constitucional permitirá continuar con reformas económicas importantes, ya que da un marco jurídico para reconocer la figura del mercado, la inversión extranjera y diversas formas de propiedad, como la privada y la personal, lo cual derivará en oportunidades de desarrollo para el naciente sector privado de la isla.
Johana Odriozola, viceministra de Economía y Planificación, señaló en el programa televisivo “Hacemos Cuba”, que “hoy no se ha podido avanzar más, dotando de legalidad desde el punto de vista jurídico a las empresas privadas, porque la Constitución no lo permite”.
La decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, Marta Moreno Cruz, aseguró que “la incorporación de la propiedad privada en la nueva Constitución garantiza el sustento y protección constitucional a este sector emergente, y elimina cualquier temor relacionado con la desaparición de esta forma de empleo”, la cual agrupa a 580,000 cubanos.
Otra puesta del gobierno está en la reestructuración de derechos ciudadanos que antes no estaban protegidos, como la introducción de figuras como la presunción de inocencia y del “Habeas Corpus”. Igualmente, se establecen mecanismos de rendición de cuentas a los ciudadanos, así como el derecho a demandar civilmente al Estado por daños y perjuicios. Se mantienen, sin embargo, las restricciones a los derechos de organización y la libertad de expresión.
Como es natural, la defensa a ultranza de los dirigentes políticos cubanos se ha hecho manifiesta a través de diversos medios, desde los oficiales hasta las plataformas digitales.
Uno de los más activos ha sido el propio presidente Miguel Díaz-Canel, quien sostuvo en su perfil en Twitter dijo que “#CubaVotaSí porque es la Constitución que hicimos cubanas y cubanos. Porque garantiza los derechos de todos y de cada uno de los ciudadanos de la nación. Porque enaltece la dignidad de nuestro pueblo. Porque es antiimperialista”.
En el caso extremo de que no se alcance la mayoría simple de los votos de los inscritos en el padrón electoral, la Constitución vigente desde 1976 y enmendada en 1992, seguiría vigente.
De aprobarse el nuevo documento, éste no entraría en vigor hasta que sea publicado en la Gaceta Oficial en una fecha futura, la cual no se ha establecido porque para ponerse en práctica requerirá de una serie de leyes especiales que deben estar listas y ser aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular para poder dar carácter operacional a la Carta Magna.
Los 25,342 colegios de votación abren a las 7:00 a.m. y estarán operando hasta las 6:00 p.m. para refrendar un documento que quedó conformado por 229 artículos, 11 títulos y dos disposiciones especiales, 13 transitorias y dos finales.
Su aprobación, o no, está en manos de más de ocho millones de cubanos que tienen el derecho de acudir hoy a realizar su voto a las urnas de costa a costa, desde Maisí, en Guantánamo, hasta Arroyo de Mantua, en Pinar del Río.
Fuente: Endi
