El gran volumen, un mega contrato de 20.000 millones de dólares (17.600 de euros) sellado en 2010 entre Venezuela y China, devino en un nido de corrupción.
La construcción de infraestructuras energéticas en el país sudamericano amagó un fabuloso negocio de comisiones ilegales. Una investigación de la Justicia de Andorra ha destapado que el empresario de los seguros venezolano Diego Salazar y sus colaboradores cobraron 200 millones de dólares (176,5 millones de euros) de cinco compañías chinas.
La red de Salazar escondió su botín en la Banca Privada d’Andorra (BPA). Un banco que fue cerrado en 2015 por las autoridades de este pequeño Principado pirenaico por blanqueo de capitales.
Al gigantesco pastel de obra pública que ofrecía el Gran Volumen solo concurrían empresas chinas. Firmas que acudían a las licitaciones del Gobierno de Venezuela.
El desarrollo se enmarcó en un plan concebido en 2007. Los dos países firmaron entonces el acuerdo Fondo de Cooperación Binacional. China otorgaba un préstamo a Venezuela a través del Banco de Desarrollo de China (BDC) y aportaba las dos terceras partes. El Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) fue el encargado de administrar los fondos. Un gran plan para modernizar Venezuela. Y una suculenta oportunidad para tipos como Salazar.
