La represión a las manifestaciones opositoras desde el 1 de abril ha provocado la muerte de 88 personas
La organización Human Rights Watch (HRW) pidió este jueves a los altos mandos de las fuerzas de seguridad de Venezuela que respondan por los «abusos generalizados» cometidos por sus subordinados y por «los juicios de civiles en la justicia militar» en el marco de la actual oleada de protestas.
HRW señala, en un informe presentado en Washington, a seis altos cargos venezolanos, dos de los cuales ya han sido objeto de sanciones de EEUU: el mayor general Benavides Torres, a cargo de la Guardia Nacional Bolivariana, y el mayor general Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
Los otros cuatro cargos en la lista de HRW son el ministro de Defensa y Comandante Estratégico Operacional, Padrino López; el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol; el director de la Policía Nacional Bolivariana, Carlos Alfredo Pérez Ampueda y la fiscal general militar, Siria Venero de Guerrero.
«Esperemos que nuestros señalamientos sirvan para sustentar acciones penales o investigaciones en materia de derechos humanos o sanciones que se puedan extender a estas autoridades más allá de las que ya se encuentran sancionadas por EEUU», dijo este jueves el director para América de HRW, José Miguel Vivanco.
En una rueda de prensa en Washington, el experto indicó que «esta lista va a crecer de una manera gradual pero probablemente con un número significativo».
Tras ser preguntado ante quién deben responder estos altos cargos que señala la organización, Vivanco señaló que «pretender que estas autoridades puedan ser castigadas» por instancias venezolanas «no es realista en estos momentos».
«No se puede aspirar (a eso) por el grado de concentración de poder, el Ejecutivo desde hace más de diez años tiene un control directo y de subordinación total sobre el poder judicial, en particular la Suprema Corte y sus distintas salas», explicó.
«Pero eso no significa que no se puedan exponer sus responsabilidades y denunciarlos ante la opinión pública global, y eso da lugar a investigación dentro de otras jurisdicciones, como la universal, por violaciones a derechos humanos», agregó.
Algunas de las medidas para que estos altos mandos venezolanos rindan cuentas, según Vivanco, pueden ser «sanciones administrativas como las que promueve el Departamento de Estado o el Congreso de EEUU, otras medidas como las de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) o relatores de Naciones Unidas».
La represión a las manifestaciones opositoras desde el 1 de abril ha provocado la muerte de 88 personas.
Preguntado al respecto, Vivanco sostuvo que «la enorme mayoría de los muertos son víctimas de agentes del Estado y de grupos parapoliciales de ampones que exhiben sus armas en motocicletas frente a la Guardia Nacional Bolivariana y disparan directamente a transeúntes o a manifestantes».
Con información de EFE
