El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró inconstitucional un acuerdo de la Asamblea Nacional que responsabiliza al presidente Nicolás Maduro del incumplimiento de sus deberes constitucionales, lo que aviva el enfrentamiento entre los poderes públicos.
La decisión del máximo tribunal fue divulgada el jueves de la noche, dos días después de que el Congreso, donde por primera vez en 17 años el oficialismo es minoría, aprobó un acuerdo que responsabilizó a Maduro de provocar «la grave ruptura del orden constitucional y democrático, la violación de derechos humanos y la devastación de las bases económicas y sociales de la nación».
Sin embargo, si bien esta decisión podría considerarse un antecedente para declarar que el presidente debe abandonar el cargo, esto no necesariamente ocurrirá, ya que el poder legislativo no está facultado para ello.
En su sentencia, la Sala Constitucional ordenó a la asamblea unicameral abstenerse de continuar el procedimiento de declaratoria de «responsabilidad política» contra Maduro y, en definitiva, de «dictar cualquier tipo de acto, sea en forma de acuerdo o de cualquier otro tipo» que se encuentre al margen de sus atribuciones constitucionales.
El máximo tribunal además prohibió la convocatoria y realización de «actos que alteren el orden público» e «instigaciones contra autoridades».
El proceso por presunto incumplimiento de los deberes constitucionales había comenzado en octubre, pero fue postergado a principios de noviembre por solicitud del Vaticano, que actúa como mediador en el proceso de diálogo.
Los legisladores lograron el acuerdo el martes tras un debate que se extendió casi cuatro horas y no contó con la participación de la bancada oficialista, que se retiró de la sesión bajo el argumento de que la Asamblea Nacional incurrió en desacato de una sentencia que el mes pasado dictó el Tribunal Supremo de Justicia, que había prohibido a los congresistas enjuiciar a Maduro por la inconstitucionalidad del proceso.
Como complemento del acuerdo legislativo se pidió a una comisión avanzar el proceso con el fin de determinar si existen elementos para que la Asamblea declare el abandono del cargo por parte de Maduro, y se decidió acudir a la Fiscalía General para que examine los hechos expuestos y se pronuncie sobre la procedencia de solicitar un «antejuicio de mérito» contra el mandatario, lo que podría implicar la suspensión de su inmunidad para ser juzgado por la «destrucción de la forma política republicana» y otros hechos punibles que le atribuyen.
Empero, el Poder Judicial y la Fiscalía General son señalados de estar controlados por el oficialismo, situación que aleja la posibilidad de que el mandatario pueda ser llevado a juicio.
De acuerdo a la Constitución, el presidente sólo puede perder el poder ante las siguientes circunstancias: muerte, renuncia, destitución decretada por el Tribunal Supremo de Justicia, incapacidad física o mental permanente y certificada por una junta médica, la revocatoria popular de su mandato o por abandono del cargo declarado por la Asamblea Nacional.
La reactivación del juicio podría elevar las tensiones políticas que se intensificaron en octubre, luego de que las autoridades electorales y judiciales suspendieran el proceso de recolección de firmas para activar un referendo revocatorio del mandato de Maduro.
