SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Aún no han realizado su declaración jurada de bienes 2,054 funcionarios, violentando la Ley 311-14 que obliga a los servidores públicos a declarar su patrimonio.
En la lista se destacan los exjueces Francisco Arias Valera y Awilda Reyes, y el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA), Alberto Holguín, procesados judicialmente por supuestos actos de corrupción. Holguín, quien estuvo en el cargo desde Agosto 2012 y permaneció hasta el 2015, nunca hizo su declaración jurada y fue destituido del cargo ante denuncias de corrupción durante su administración. Lo propio ha hecho Horacio Mazara, designado en INAPA desde el año pasado y aún no ha tomado el tiempo para declarar su patrimonio. Tampoco César Mella, director del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), ha hecho público los bienes que ostenta, ni el administrador general de EDESUR, Radhamés del Carmen Mariñez.
La lista que tiene la Cámara de Cuentas y a la que NCDN tuvo acceso, de los funcionarios que no han realizado su declaración jurada de bienes, está encabezada por el ex administrador del Banco de Reservas, Enrique Ramírez, recién designado director general de Aduanas. Le siguen la directora del Instituto de Protección al Consumidor (Pro Consumidor), Anina del Castillo, en el puesto desde diciembre del año pasado. Asimismo, el director del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), el perredeísta Aníbal García Duvergé, quien lleva un año en el cargo; el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Nelson Rodríguez, entidad que administra el presupuesto de todos los hospitales del país.
No han cumplido con la declaración jurada de bienes los encargados de compras de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y del Ministerio de Educación.
La Ley 311-14 establece sanciones a quienes incumplen con la obligación de hacer su declaración jurada, o por falsedad y fraude de datos presentados bajo juramento, que incluyen desde la calificación judicial de falta grave o de tercer grado, hasta delitos que conllevan multas y cárcel por información falsa, así como incautación y decomiso de bienes. Están obligados a realizar su declaración jurada 6,216 funcionarios públicos.
No obstante, dicha legislación establece que los funcionarios obligados a declarar tienen que presentar dentro de los 30 días siguientes a su toma de posesión «la declaración jurada de los bienes que constituyen su patrimonio y el de la comunidad conyugal».
