Perú.-El congreso aprobó el jueves por unanimidad una ley para buscar a más de 15.000 personas desaparecidas entre 1980 y 2000 en los Andes y la Amazonía durante la guerra interna que enfrentó principalmente al grupo insurgente Sendero Luminoso y las fuerzas de seguridad.
Con 68 votos a favor el parlamento dio luz verde a una norma presentada por la Defensoría del Pueblo que «aprueba una política que prioriza la búsqueda humanitaria de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno», explicó a The Associated Press Rafael Barrantes, responsable en Perú del programa de desaparecidos del Comité Internacional de la Cruz Roja.
En la actualidad si una persona quiere buscar a un familiar desaparecido durante la época de la violencia política tiene como única opción presentar una denuncia ante la fiscalía, necesita de testigos que deben dar su testimonio ante un fiscal y se tiene que seguir un extenso proceso judicial que demanda tiempo y dinero.
«Finalmente las familias que llevan más de 30 años buscando a sus seres queridos tienen un compromiso del Estado para poder conocer el paradero de los más de 15 mil desaparecidos entre 1980 – 2000» dijo en un comunicado Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.
La legisladora Marisol Pérez Tello, que asiste con regularidad a entierros de las víctimas en los Andes, afirmó durante el debate previo a la aprobación legislativa que se busca «cerrar el duelo de miles de familias que siguen buscando y se necesita una ley que priorice esa nueva víctima de la desaparición que es el familiar que todavía no encuentra consuelo».
Según cifras oficiales hasta 80% de las denuncias son archivadas por la fiscalía porque no se logra identificar al autor de los crímenes.
Pérez Tello dijo que la fiscalía solo cuenta con 20 forenses para buscar a miles de personas cuyos restos están enterrados en zonas remotas de los Andes y la Amazonía. Debido al inmenso trabajo del Equipo Forense Especializado en el periodo 2002-2015 los especialistas sólo han logrado exhumar 3.202 cuerpos, de los cuales 1.873 fueron identificados.
Se calcula que en el territorio peruano existen 6.462 sitios de entierro y que solamente en la región Ayacucho, la cuna de la insurgencia senderista, existe un sitio de entierro cada 3 kilómetros. El conflicto armado interno, que ocurrió entre 1980-2000, se produjo durante los gobiernos de los presidentes Fernando Belaunde, Alan García y Alberto Fujimori.
