Cuando Alan García liberó durante su segundo gobierno a más de mil presos por narcotráfico agravado en la mayor excarcelación de ese tipo que se conozca en el mundo, justificó su decisión al apelando a la piedad cristiana para dar a los reos una segunda oportunidad y aliviar la sobrepoblación carcelaria en Perú.
Ahora, cuando busca convertirse en presidente por tercera vez en 2016, los «narcoindultos», como se conoce localmente a la reducción de condenas a favor de narcos, se han convertido en enormes piedras en sus zapatos. Funcionarios de su segundo gobierno enfrentan juicios acusados de montar una red criminal para sacar a los presos de la cárcel a cambio de dinero.
Interrogado hace dos años en una comisión investigadora del Congreso, el candidato de 66 años insistió en que trabajó «miles de horas» en su despacho presidencial, con frecuencia entre las 10 de la noche y la una de la madrugada, para estudiar los gruesos expedientes de los narcotraficantes.
«Cada una de estas concesiones las hice pidiendo el consejo de Dios», dijo García, el líder del partido aprista peruano.
Pero los testigos presentados en un tribunal instalado dentro de una cárcel de máxima seguridad cuentan una historia distinta: rápidas rebajas de penas luego de que los sentenciados pagaran miles de dólares, liberaciones decididas en un solo día o la omisión de incluir detalles importantes en el informe final, como cuántos kilos fueron incautados a la organización criminal del narco indultado, o si tenía antecedentes penales.
Catorce funcionarios del segundo gobierno de García (2006 – 2011), que trabajaron en la comisión de indultos y rebajas de pena creada por el mandatario, han estado declarando desde septiembre en un juicio, acusados de asociación ilícita para delinquir y corrupción por las reducciones de sentencias de narcos. Si son declarados culpables enfrentarían entre ocho y 17 años de prisión.
En total, 1.167 condenados por narcotráfico agravado, en términos generales quienes poseían más 10 kilos de cocaína o integraban bandas criminales, fueron liberados de un plumazo por García.
«Desde 1990 he trabajado en 114 países de todas las regiones del planeta y yo no conozco ningún otro caso de tal magnitud numérica», dijo Edgardo Buscaglia, experto internacional en narcotráfico e investigador principal en derecho y economía de la Universidad de Columbia en Nueva York.
Desde el punto de vista legal, como García ha subrayado, las disminuciones de pena están dentro de la órbita del poder presidencial. The Associated Press pidió una entrevista con García para conocer sus comentarios sobre las rebajas e indultos que otorgó en su segundo gobierno, pero no obtuvo una respuesta al momento.
