Estados Unidos.- Nunca antes país alguno en América había sido objeto de sanciones a sus funcionarios con nombre y apellido por parte de un gobierno estadounidense. La orden ejecutiva de la madrugada del 9 de marzo lo hace contra nuestra nación, mientras la identifica como una “amenaza a la seguridad y política exterior” gringa.
Un documento de similar de carácter intromisivo y extraterritorial en América Latina no es nueva; sin embargo, la mencionada orden ejecutiva contra Venezuela se sustenta en otros instrumentos que la diferencian de los dictados desde la Casa Blanca contra países de la región. Resalta así el Acta de Defensa de los derechos humanos y la Sociedad Civil en Venezuela aprobada por el Congreso estadounidense en diciembre de 2014; una ley impulsada por sectores de ultraderecha en la nación norteña, con la que se autorizan posibles sanciones ejecutivas contra venezolanos, a los que Washington acusaría de ser responsables de violación de derechos en nuestro país.
Previo a la aprobación de la referida acta sobre Venezuela, el senador de origen hispano Marcos Rubio, cercano al lobby opositor venezolano, publicó una serie de nombres susceptibles de ser afectados por sanciones directas del gobierno estadounidense. Y aunque cientos de medios reprodujeron las llamadas “listas de Rubio” (24 posibles sancionados) y otras especulaciones referían de 28 a 56 personas, no fue sino hasta el “madrugonazo” del 9 de marzo cuando se revelaron los nombres de siete funcionarios venezolanos que serían objeto de acciones concretas basadas en la referida ley.
La ley del miedo. No son pocos los que desde 1977 han sido reconocidos por Estados Unidos de Norteamérica como una “inusual y extraordinaria amenaza para la seguridad nacional y la política exterior” de ese país, razón por la cual cada uno de los presidentes de turno ha declarado en numerosas ocasiones emergencia nacional.
Desde los años ochenta y con base en el Acta de Poderes Económicos por Emergencia Internacional (Ieepa), los gobiernos yanquis han considerado como peligro a siete países, organizaciones y actividades en el Continente, una de ellas en sus propias lides: el “control de la regulación de exportaciones” por su congreso nacional en 2001.
Ya en 1985 y en 1988, el republicano Ronald Reagan ordenaba sanciones contra el gobierno sandinista de Nicaragua, al igual que contra el régimen de su antiguo aliado Manuel Antonio Noriega en Panamá, país al que el primero de los Bush en la Casa Blanca -copartidario del anterior- también calificaría de “amenaza”, así como a Haití en 1991 tras el golpe de Estado contra Jean-Bertrand Aristide. William Clinton, un demócrata, lo haría contra Cuba en 1996 cuestionando el derecho de éste país a defenderse.
Un año antes, en 1995, los líderes del Cartel de Cali en Colombia fueron objeto de sanción por ese último presidente gringo, el acta señalaba la corrupción que se apoderaba de la nación neogranadina. En 2011 la banda Criminal mexicana Los Zetas recibió igual trato por parte del presidente George W. Bush.
Siete funcionarios venezolanos. Como “Condecoración imperial” calificó el presidente Maduro la “congelación de bienes y prohibición de entrada a EEUU” dictada por Barack Obama contra siete venezolanos: seis militares activos, uno en condición de retiro y una funcionaria civil.
El doble rasero estadounidense queda en evidencia: Así como nunca sancionaron a los militares que violaron derechos humanos en Venezuela durante la “democracia puntofijista” y el golpe de Estado de 2002, hoy actúan contra miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana acusándolos de ser responsables o cómplices de participar directa o indirectamente en actos de violencia que constituirían un abuso serio o violación de los derechos humanos.
Curiosamente, al igual que los funcionarios de otros continentes han sido objeto de sanciones, para EEUU (país que se autoconsidera juez y policía del mundo cuando viola sistemáticamente todo derecho dentro y fuera de sus fronteras) las figuras del “régimen venezolano” también constituyen una “amenaza” para EEUU.
La injerencia es la Norma. Si bien EEUU crea leyes como la Ieepa y las esgrime para intervenir allende sus fronteras, en su voraz apetito imperial, puede prescindir de ellas y de todo principio legal internacional para embestir contra cualquier país del mundo y atacarlo directa o indirectamente.
De hecho, aunque el nacimiento de la ONU en 1945 podía prever una nueva y esperanzadora etapa en las relaciones entre los países, no significaría más que la consagración de EEUU como potencia intervencionista en el mundo. Tan sólo en América, hasta hoy, se pueden contabilizar 24 injerencias estadounidenses entre invasiones (11), al igual que operaciones encubiertas y patrocinio de golpes de Estado (13).
En el resto del mundo, 33 agresiones por parte de factores y fuerzas gringas (17 irrupciones militares y 16 acciones aventuras desestabilizadoras) fueron registradas desde el fin de la II Guerra Mundial.
De 28 agresiones militares directas de los yankees en el planeta, once fueron precedidas con una declaratoria de emergencia basada en los inusuales y extraordinarios principios de la Ieppa.
La escalada. Los mecanismos de intervención norteamericana se han hecho cada vez más sofisticados y no por ello menos destructivos. Para el internacionalista Jeanpier Anaya, ahora “Estados Unidos trata de justificar acciones políticas que conlleven la deslegitimación de los gobiernos que le son incómodos e implementar las consecuentes acciones”.
Por eso, afirma el politólogo e internacionalista Ernesto Wong, la orden ejecutiva de Obama “busca socavar a Venezuela por todas las vías posibles. Donde hay proyectos revolucionarios, donde no es fácil inducir el caos a través de provocaciones y financiamiento directo como en Venezuela, Obama podría dar un paso adelante y dictar una orden para tomar medidas de bloqueo, que posiblemente no sea como el bloqueo a Cuba, sino sea más inteligente”, aseveró el también docente de la Universidad Militar Bolivariana.
Ciertamente, cuando el presidente estadounidense Barack Obama resaltó la ineficacia del embargo (bloqueo) sobre Cuba, inauguró una nueva etapa de su política exterior: el “Smart Power”, donde las sanciones específicas sobre determinados funcionarios rompen con las tradicionales medidas impuestas por Estados Unidos a otros países en anteriores oportunidades, cuya aplicación implicó consecuencias incómodas para los empresarios estadounidenses.
La orden ejecutiva contra Venezuela apunta en ese sentido: un “alto funcionario de la Casa Blanca”, no precisado y referido por la cadena BBC, señaló que esta era un “proceso normal” y podría interpretarse solo como una serie de sanciones contra un grupo de funcionarios públicos sin consecuencias para el abastecimiento de petróleo. Los empresarios ahora “pueden estar tranquilos”, no así el país objeto de sanciones.
Mentalidad imperial obsesionada
Desde su inicio en marzo de 2011, el conflicto en Siria ha dejado más de 210 mil víctimas fatales y 14 millones de desplazados y refugiados.
Para el embajador de Siria en Venezuela, Ghassan Abbas, Estados Unidos viola toda normativa legal internacional cuando emite órdenes ejecutivas injerencistas y extraterritoriales como la anunciada recientemente contra Venezuela.
Abbas explica que “esto refleja una mentalidad imperial obsesionada con sus tesis, que no es capaz de escuchar posiciones distintas. Hemos visto esta práctica estadounidense en otras partes de mundo donde no pueden aplicar sus recetas. Empiezan a presionar, a sancionar, a aplicar lo que Obama llamó torcer el brazo, donde, como con Siria, llevan las relaciones al terreno de la guerra”.
Antes del conflicto sirio, EEUU y la Unión Europea emitieron sanciones contra funcionarios del gobierno de Bashar al Assad. El embajador Abbas lo recuerda: “Hemos visto un par de leyes que hicieron para Siria y eso lo están haciendo con Venezuela.
Por eso llamamos a todo el pueblo venezolano a que no se deje engañar, que busque un gran acuerdo nacional para no permitir la intervención de terceros países y conservar la paz”.
Son sanciones ilegales de EEUU
“Irán desde hace 36 años es objeto de sanciones ilegales y multilaterales de Occidente y EEUU”, indicó el embajador de Irán en Venezuela, Mostafá Alaei. “Esas sanciones nunca han sido aceptadas ni admitidas por Irán”, dijo. Ciertamente, agregó Alaei, “las medidas impuestas en contra de Irán son más graves y fuertes que contra Cuba, pues a nosotros incluso nos impusieron una guerra de ocho años y sancionaron de múltiples formas fuera del derecho internacional. Entonces, por la fortaleza del pueblo iraní y nuestra creencia religiosa nunca dimos un paso atrás”.
“Cuando vimos que nos sancionaban, no nos quedamos de brazos cruzados”, subrayó Alaei, quien indicó que en Irán “empezamos a trabajar y logramos lo que tenemos hoy. Nuestra resistencia produjo los logros científicos, económicos, agrícolas y tecnológicos superiores en comparación con Medio Oriente y Asia. No negamos que haya problemas o dificultades, pero nuestro nivel de vida es mucho mejor que el de muchos amigos de EEUU y Occidente”, afirmó.
“Esa es la experiencia que hemos logrado en estos años”, aseveró el diplomático persa. “Venezuela debe tenerlo en consideración: si su país echa un paso atrás, ellos darán pasos adelante. Esa es la experiencia de Irán, y por eso apoyamos a Venezuela en contra de esas sanciones ilegales del Gobierno de EEUU”, agregó.
