El sector eléctrico en España registró en el período enero-noviembre de 2013 un déficit financiero de 3,454 millones de euros. Ese déficit ha llevado a las autoridades a adoptar medidas con el objetivo de reducir las transferencias que reciben algunos generadores de energía renovable, como la fotovoltaica.
Se estima que los recortes de las horas con derecho a beneficios extraordinarios implican pérdidas de ingresos para esas empresas ascendentes a 740 millones de euros anuales.
Los generadores han apelado ante la justicia ese recorte, aduciendo que el mismo viola sus derechos adquiridos y constituye una expropiación de su rentabilidad.
El Tribunal Supremo de España declaró el pasado 13 de enero que esas decisiones ministeriales son válidas, pues se justifican por la necesidad de reducir el déficit del sector eléctrico. De acuerdo a una nota aparecida en el periódico El País, los jueces reconocen que el recorte de las horas reduce los beneficios de las empresas, pero “no vulneran los principios constitucionales de seguridad jurídica, confianza legítima y no confiscación.”
Además, el Tribunal Supremo señala que la decisión del gobierno se justifica como una medida para reducir el déficit tarifario, cuya magnitud “ponía en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico.”
Para la República Dominicana, afectada por un déficit de 1,400 millones de dólares en el negocio eléctrico, habría que analizar la posibilidad de una reestructuración de los niveles e indexación de los precios de generación, tomando en consideración la importancia de la sostenibilidad del sector eléctrico.
