El gobierno del presidente Danilo Medina quiere promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. En ese contexto el 6 de septiembre de 2012 emitió el Decreto 543-12, reglamentando que las entidades públicas deberán reservar el 20% para realizar compras exclusivamente a las mipymes.
Posteriormente, el 10 de junio de 2013, el presidente Medina emitió el Decreto 164-13, estableciendo que las compras que deben efectuarse a las mipymes sean de bienes y servicios de origen, manufactura o producción nacional.
Otra medida muy positiva es que las entidades contratantes deberán entregar a las mipymes un avance inicial correspondiente al 20% del valor del contrato, para fortalecer su capacidad económica, contra la presentación de una garantía de buen uso del anticipo.
Lamentablemente, las instituciones públicas están solicitando como garantía una fianza A Primer Requerimiento, con el objetivo de ejecutarla fácilmente. Y para emitir esa fianza las compañías de seguros requieren, además de una prima, que las mipymes presenten un fiador solidario más un certificado financiero pignorado por un monto equivalente a 1.5 veces el valor del 20% del anticipo que le otorgará el Estado.
Ese requisito es totalmente irracional. ¿Si una empresa tiene ahorrado 1.5 veces el anticipo que recibiría, para qué necesita ese anticipo? Si el gobierno quiere ayudar a las mipymes debe flexibilizar ese requerimiento y aceptar que la garantía sea una fianza menos estricta.
