Una semana después de la contundente sentencia sobre la nacionalidad dominicana por el Tribunal Constitucional, República Dominicana vuelve al banquillo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que conocerá a partir del martes una audiencia pública sobre el caso Tide Méndez y otros vs. República Dominicana y una audiencia pública de “solicitud de opinión consultiva sobre niñez migrante”.
El caso se relaciona con “la detención arbitraria y expulsión sumaria del territorio de República Dominicana de 27 personas. Según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de la cual la CIDH forma parte, las expulsiones sumarias de las presuntas víctimas se produjeron en un contexto de repatriaciones colectivas y masivas que afectaban igualmente a nacionales y extranjeros, documentados e indocumentados, quienes tenían su residencia permanente y un vínculo estrecho de relaciones laborales y familiares con República Dominicana. Indicó que las características fenotípicas y el color de la piel habrían sido elementos determinantes en el momento de seleccionar a las personas que iban a ser detenidas y posteriormente expulsadas.
Una sentencia que da de qué hablar
De las tres mujeres que componen el pleno de 13 jueces del Tribunal Constitucional, dos, Ana Isabel Bonilla y Katia Miguelina Jiménez, expresaron en 17 mil 619 palabras su rechazo a la decisión mayoritaria de 11 jueces que sentó la histórica sentencia que establece los criterios de la nacionalidad dominicana. Para Bonilla fueron suficientes 5 mil 476 vocablos, mientras que Jiménez necesitó 12 mil 143. Ambas coinciden en que la mayoría de sus compañeros de corte hicieron una interpretación errónea de las leyes al definir como personas en tránsito a extranjeros que tienen hasta décadas viviendo en el territorio dominicano.
Otros puntos de coincidencia entre los votos disidentes que emitieron las referidas magistradas, figuran la violación a acuerdos internacionales de los que la República Dominicana es signataria, así como el carácter vinculante de sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el Estado dominicano y la aplicación retroactiva de la ley.
Bonilla, quien fue diputada en cuatro períodos consecutivos y participó en las reformas constitucionales del 2002 y 2010, consideró que con su decisión, el Constitucional se apartó de su misión. “Desde nuestra óptica, esta decisión contradice la misión de este Tribunal Constitucional, de preservar la supremacía de la Constitución, el respeto a la dignidad humana y el pleno goce de los derechos fundamentales, en un plano de igualdad y de conformidad con el Bloque de Constitucionalidad”, sostiene en su voto disidente. Igualmente, sostuvo que el fallo del alto tribunal de justicia, debió reconocer la nacionalidad pura y simple de Deguis por haber nacido en el territorio dominicano sin importar la condición migratoria de sus padres.
En tanto, Jiménez advirtió que el fallo del Constitucional expone al país a ser sancionado nuevamente en cortes internacionales por violación a los derechos humanos porque la decisión de la corte dejó apátrida a Deguis Pierre. “La presente sentencia pone en riesgo de otra condena internacional al Estado dominicano”, advierte la magistrada. Consideró que miles de personas que nacieron en suelo dominicano y sus padres sean de “origen haitiano, aun cuando hayan sido declarados en el registro civil, como lo fue Juliana Deguis, serán también desnacionalizados, máxime cuando las medidas que contiene la presente sentencia se retrotraen al 21 de junio de 1929”.
PC dice fallo viola Constitución
Participación Ciudadana expresó ayer que la sentencia 168 del Constitucional viola varias disposiciones de la Carta Magna y de su propia ley orgánica, sin aportar solución a “los serios problemas migratorios que afectan las relaciones entre los países que comparten la isla”. Además, coloca en tela de juicio la jurisprudencia obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). “Reconocemos que cada Estado tiene el derecho soberano a establecer las reglas para el otorgamiento de la nacionalidad. Sin embargo, una vez establecidas las reglas, todos los Estados, incluyendo el nuestro, tienen la obligación de aplicarlas sin discriminación, respetando el principio de no retroactividad y el debido proceso establecidos en nuestra Constitución, así como en normas consagradas en tratados y convenios ratificados por el Estado dominicano”, señala en un comunicado.
Hicieron plantón frente al TC en rechazo a fallo
Varias organizaciones de las que trabajan por los derechos de los descendientes de haitianos en el país protestaron ayer frente al Tribunal Constitucional en contra de lo que han denominado como un genocidio civil. La actividad fue encabezada por el Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitanos (Mosctha), la Red de Encuentros Dominicano -Haitiano Jacques Viau, Centro Bonó y Afro Alianza Dominicana, entre otras.
La JCE
Aplica La JCE inició la aplicación de la sentencia que ordena devolver el acta de nacimiento a Juliana Deguis Pierre.
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