Seis de los 11 magistrados han votado en contra del ‘habeas corpus’ del exmandatario
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil rechazó este miércoles el pedido de ‘habeas corpus’ preventivo, presentado por los abogados del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, en el caso que se le sigue por un departamento triplex.
Seis de los 11 magistrados han votado en contra del ‘habeas corpus’ del exmandatario brasileño, mientras que 5 se han expresado a favor.
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Según este dictamen, Lula podrá ser detenido en cualquier momento y no podrá continuar con su candidatura por la presidencia de Brasil.
La decisión judicial ha sido tomada con cinco votos a favor y seis en contra.
La jornada estuvo marcada por las tensiones que generaron las declaraciones vía Twitter del comandante del Ejército, que fue percibido como presión hacia la corte y que genera rechazo del Ministerio Público, varios jueces del Máximo Tribunal, la Procuraduría Federal de los Derechos Ciudadanos y otros órganos públicos de Brasil que ya piden explicaciones al Ministro de Defensa por la intromisión del militar.
El Ministerio Público rechazó las «amenazas explícitas o implícitas del poder Ejecutivo son una violación a la autonomía del STF y son inadmisibles en cualquier situación».
«Más grave aún es la violación si esas amenazas parten de la cúpula de las instituciones que tienen el monopolio del uso de la fuerza armada del país», reza una nota que cita palabras de la Procuradora Federal de los Derechos del Ciudadano, Deborah Duprat y sus tres procuradores adjuntos.
El Procurador General brasileño, Iván Marx, decidió remitir un oficio por el procedimiento investigatorio penal que ya está en curso en el Ministerio Público para pedir explicaciones al Ministro de la Defensa sobre las declaraciones del Comandante del Ejército, General Eduardo Villas Boas, para manifestarle que existe el riesgo de una eventual intervención de las Fuerzas Armadas.
Ya en Septiembre del año pasado hubo una intervención de parte de la Fiscalía a las FF.AA. por un Procedimiento de Investigación Criminal abierto a un general del Ejército que fue acusado de incitar a violar la ley cuando sugirió que hubiese una intervención militar en Brasil. Ese general terminó por ser retirado en febrero de este año.
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¿De qué se le acusa?
La causa contra el exmandatario brasileño es parte del megacaso Lava Jato (lavado a presión, en español) que reveló una trama de corrupción alrededor de la empresa estatal Petrobrás y un compendio de sobornos pagados a dirigentes políticos por parte de la constructura Odebrecht.
Al líder del Partido de los Trabajadores (PT) lo acusan de aceptar un lujoso departamento triplex, frente a la playa, en el Condominio Solaris, en Guarujá (municipio del estado de San Pablo), a cambio de beneficiar a la constructora OAS, con contratos de la estatal petrolera. Sin embargo, durante el juicio no se logró demostrar que Lula es el propietario del inmueble y tampoco se ha identificado cuál es el acto o la omisión que habría dado origen al recibimiento del inmueble.
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Por ese hecho, a Lula se le ha acusado con el cargo de corrupción pasiva, delito que supone que un funcionario público realiza o deja de realizar un acto de su competencia a cambio de algún beneficio. Por el hecho, fue condenado el año pasado a 9 años de prisión por un juez de primera instancia; la condena fue confirmada en enero y la pena elevada a 12 años y un mes de cárcel por un tribunal de apelación. Ante ello fue que los abogados del exmandatario solicitaron un ‘habeas corpus’ ante el STF, para evitar su encarcelamiento antes de agotar todas las instancias judiciales, entre ellas una apelación que se hizo de la sentencia de segunda instancia y por la cual se deberá pronunciar el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Fuente: RT
