El oro se ha convertido en el ingrediente secreto de la alquimia legal
Cuando Juan Granda llegó en el 2014 a la selva amazónica peruana para ordenar otro cargamento de oro ilícito, alardeó a dos colegas en un mensaje de texto que se sentía como el capo colombiano de las drogas Pablo Escobar.
“Soy como Pablo que viene… a buscar la cocaína”, dijo.
Granda, de 36 años y graduado de la Universidad Estatal de la Florida y que antes vendía préstamos de alto riesgo, no era ningún narcotraficante. Pero su comparación con la cocaína era la correcta. El oro se ha convertido en el ingrediente secreto de la alquimia legal de narcotraficantes latinoamericanos que ganan miles de millones de dólares convirtiendo cocaína en dinero limpio exportando el metal a Miami.
El año anterior, el empleador de Granda, NTR Metals, una compañía de metales preciosos del sur de la Florida, había comprado casi $1,000 millones en oro peruano, casi todo enviado por narcotraficantes, y ahora Granda necesitaba más.
Estados Unidos depende del oro latinoamericano para alimentar la fuerte demanda de sus industrias de joyas, lingotes de oro para inversionistas y equipos electrónicos. La cantidad de oro que pasa todos los años por Miami equivale a casi el 2 por ciento del valor de mercado de las reservas federales del metal en las bóvedas de Fort Knox.
Pero buena parte de ese oro viene de minas ilegales en lo profundo de las selvas, donde sustancias químicas peligrosas están envenenando tanto las selvas frágiles como los pobres peones que excavan en busca del metal, según organizaciones de derechos humanos e incluso ejecutivos de la industria. La minería ilegal de oro en América Latina provoca grandes daños ambientales y miseria humana, que según expertos están en la misma escala de los “diamantes de sangre” en África.
“Gran parte del oro que se comercializa en el mundo viene manchado de sangre y de violación a los derechos humanos”, dijo Julián Bernardo González, vicepresidente de Sostenibilidad de Continental Gold, una minera canadiense con operaciones en Colombia que tiene sus documentos en orden y paga impuestos, a diferencia de muchas operaciones de minería más pequeñas.
En marzo del 2017, fiscales federales en Miami acusaron a Granda, a su jefe Samer Barrage y a otro corredor de NTR, Renato Rodríguez, de lavado de dinero, alegando que los tres hombres compraron oro ilegal por valor de $3,600 millones a grupos delincuenciales en América Latina. Los fiscales indicaron que los corredores de oro, quienes a final de cuentas se declararon culpables, alimentaron “la extracción ilegal de oro, sobornos en el extranjero [y] el tráfico de drogas”.
Ahora esos fiscales están investigando toda la industria del oro en el sur de la Florida con pesquisas a otros distribuidores de metales preciosos que se sospecha compran oro extraído ilegalmente a narcotraficantes, dicen fuentes judiciales. El objetivo es no solamente sacar del juego a compañías que manejan oro ilegal, como NTR. También quieren golpear a los carteles de las drogas.
Fuente: el Nuevo Herald
